La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los resultados de la prueba de ADN practicada el lunes 20 de abril resultaron negativos respecto a la madre que solicitó la restitución, en consecuencia se actuó de inmediato en la repatriación de la menor Alondra Luna Núñez.
A través de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME), recibió en 2007 la solicitud de retorno de una menor que fue sustraída de Estados Unidos por su padre.
La información disponible apuntaba a que la niña podría encontrarse en Tacatzcuaro, Michoacán, por lo que el expediente fue remitido al Tribunal Superior de ese estado.
En marzo de 2015, la Autoridad Central estadounidense informó que la madre había viajado a Guanajuato y había identificado a la menor, lo que confirmaba que se trataba de su hija a quien había buscado por ocho años.
Se dieron datos del nombre con el que se habría registrado a la menor en México y sus señas particulares.
En acatamiento a los estándares internacionales fijados en materia de restitución internacional, la juez solicitó la intervención de la Interpol para que presentara a la menor y, en audiencia ante el juzgado, se determinara su identidad y la procedencia de su restitución a Estados Unidos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) recomendó a diputados de la Comisión de Justicia que la Procuraduría que se contempla crear dentro de la Ley Estatal para Proteger los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes sea autónoma.
La consultora de la Unicef, Carmen Rubio López, hizo este planteamiento durante una mesa de trabajo en la cual también participaron representantes de los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los municipios.
El presidente de la Comisión, Luis Felipe Luna Obregón, explicó que la Ley Federal que se pretende armonizar con un nuevo ordenamiento local preve la creación de esta institución, por lo que inicialmente se contempló considerarla dependiente del DIF estatal.
Sin embargo, dijo que la propuesta de Unicef es que sea una institución independiente, que tenga más autoridad para que pueda cumplir con sus objetivos.
“Creo que el aspecto de la autoridad o del poder político que pueda tener dentro del DIF puede funcionar , no lo veo que no pueda hacerse de esa manera, simplemente tendrá una estructura conforme a la ley que cumpla con ese sistema de información que se tiene prevista en la legislación y a nivel municipal no habrá cambios en esa estructura”, detalló el diputado.
La consultora de la Unicef remarcó que la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato deberá atender no sólo casos de violencia en el seno familiar, sino todo caso de vulneración de los derechos de los menores, y que los DIF de los municipios serán un enlace para ampliar la cobertura.
Resaltó que se busca crear un programa nacional transversal de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y programas estatales, con la finalidad de que en México bajo el principio conceptual del interés superior de la niñez, todas las políticas públicas en México se engarcen en beneficio de este sector.
“Los aspectos principales que se toman en cuenta es que dado que la nueva ley genera un nuevo paradigma donde los niños son sujetos de derechos, son titulares de derechos se tiene que cambiar a un nuevo esquema donde todos los derechos estén protegidos”, subrayó.