Solicitan seguridad para caja financiera

Más de 40 mil socios de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Alianza exigen a las autoridades estatales y municipales acciones concretas para un freno a la inseguridad que se vive en León, así como a la impunidad y corrupción que hay en las agencias del Ministerio Público y cuerpos policiacos.
El pasado 2 de mayo la sucursal de la caja popular Alianza en la plaza comercial Río Mayo fue incendiada, lo que ha generado gran preocupación entre directivos y socios de la misma.
Directivos señalan que el multimillonario programa de seguridad estatal “Escudo” ha fracasado y que lejos de inhibir la violencia, ésta se ha incrementado.
La inversión de videocámaras de vigilancia del Municipio también ha fracasado, pues muchas están fuera de servicio.
“Estamos alarmados con la ola de violencia que se está incrementando y ninguna autoridad pone el dedo en la llaga. Nos estamos acostumbrando a vivir en la violencia, en la inseguridad, en la impunidad y en la corrupción y eso está mal”, dijo Tomás Carrizales Villegas, gerente de la Federación de Cajas Populares Alianza.
Destacó que la caja popular Alianza tiene en el país más de 500 mil socios, de los cuales 40 mil están en Guanajuato, en las 121 sucursales, de las cuales 22 están en León, que es el municipio donde más asaltos a clientes y a sucursales han detectado.
“Hace 10 años ir a la Ciudad de México daba miedo y la realidad es que ahora venir a León da miedo. Se siente un ambiente inseguro. Ya estamos siendo afectados por la delincuencia organizada, como nuestras oficinas de Soriana Río Mayo”.
“Son señales de alerta. La delincuencia arrojó bombas molotov solo para crear terror”, añadió.
Carrizales dijo que por ello exigen a las autoridades un alto a la delincuencia y agregó que en estos tiempos electorales los candidatos solo hablan de inseguridad pero que no dan soluciones de fondo.
“Hace falta agilizar los procesos en las agencias del Ministerio Público, pues para interponer una denuncia te hacen perder días. No hay garantía para los ciudadanos, por el contrario hay temor en denunciar. Debemos acabar con la impunidad que hay”, añadió.
Hizo hincapié en que se aplique la ley con todo su rigor, pues más tardan los delincuentes en ser detenidos que en liberarlos.
“Los denuncian, los detienen y liberan y esto es muy grave, por ello estamos padeciendo de tanta impunidad, injusticia, inseguridad y corrupción”, aseveró.
Carrizales añadió que los asaltos a clientes por parte de motoladrones afuera de cajas populares se han incrementado.
“Es alarmante y preocupante y no se han tomado acciones para frenar estos ilícitos”, lamentó.
También destacó que el programa “Escudo” no ha dado los resultados esperados, pues muchas sucursales cuentan con botones de alarma (como varios negocios) y no funcionan, como tampoco han servido los llamados arcos de seguridad en los accesos a la ciudad.
Por último, apuntó que contratar guardias de seguridad privada tampoco es la solución, pues muchos eran policías que fueron dados de baja por no aprobar las pruebas de control y confianza.