Tras el dictamen del Órgano de Fiscalización Superior que finca una falta administrativa a la ex alcaldesa Rubí Laura López Silva, se generó un claro reparto de responsabilidades, pero finalmente es el Contralor quien debió iniciar la investigación en cuanto fue notificado.
Así lo explicó el abogado especialista en temas municipales, Armando Mancera.
“Se están haciendo bolas, por un lado se habla de un presidente municipal y un síndico, y por el otro de un funcionario público como el secretario de Ayuntamiento, ante esto ambos tienen responsabilidades también”.
La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en su artículo 8, distingue las responsabilidades de los servidores públicos, entre los que sean miembros del Ayuntamiento y los que son titulares de dependencias de la Administración Pública.
El artículo señala que a los integrantes del Ayuntamiento, que en este caso serían Rubí Laura López Silva y los síndicos Sergio Hernández Cervantes y María Elena Ramírez, sólo se les podrá sancionar con una amonestación o multa y será el propio Ayuntamiento el que instaure y sustancie el procedimiento de responsabilidad administrativa y aplique la sanción que proceda.
Pero el secretario del Ayuntamiento no es parte del Cabildo sino que es el titular de la dependencia de la Administración Pública, y en este caso sería la contraloría municipal quien debería iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y turnaría el expediente al Ayuntamiento para que éste resuelva.
Además, el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, indica las atribuciones del Contralor Municipal y en su fracción V señala de manera textual que es obligación del Contralor: “vigilar la correcta aplicación del gasto público y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, así como el correcto uso del patrimonio municipal”.
El contexto
AM publicó el lunes que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado denunció la falta administrativa en la que incurrió la ex alcaldesa Rubí Laura López Silva al otorgar un apoyo de 800 mil pesos a la Promotora Deportiva M, S.A. de C.V. sin previa autorización del Ayuntamiento.
AM cuenta con un documento firmado por el auditor General Javier Pérez Salazar en el que hace constar que tras una auditoria de la cuenta contable 524104411, referente a ‘Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria’, se constató la entrega de un apoyo por la cantidad de 800 mil pesos a favor de la Promotora Deportiva M, S.A. de C.V., sin ajustarse a los requisitos mínimos que deben cumplir los convenios para otorgar apoyos a personas e instituciones.
Dicho apoyo económico fue anexado dentro del Presupuesto de Egresos 2012 la noche del 24 de diciembre de 2011. La sesión extraordinaria de aquella Nochebuena tuvo una duración de 15 minutos y no se discutió en qué se gastaría el presupuesto proyectado, a pesar de las peticiones de los funcionarios de oposición.