La ex alcaldesa Rubí Laura López Silva podría quedar sin sanción pese a haber otorgado un apoyo de 800 mil pesos a la Promotora Deportiva M, S.A. de C.V., sin previa autorización del Ayuntamiento.
Esto debido a las imprecisiones en el dictamen que expidió el Órgano de Fiscalización Superior, en el que se le finca una falta administrativa a la ex Presidenta municipal por el hecho.
Las fallas en el documento -además- podrán ser aprovechadas por el gobierno en turno para no sancionar el asunto, explicó el abogado experto en temas municipales, Armando Mancera.
“En el caso del Ayuntamiento al ser del mismo partido será difícil, esto será como las llamadas a misa, es mejor darles unos manazos y que ahí acabe la cosa, porque con un amparo se pueden desechar las acusaciones, ya que hay imprecisiones en el dictamen al no decir qué fracción del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades se violó”, indicó.
Y es que el dictamen establece que se constató la entrega de un apoyo por la cantidad de 800 mil pesos a favor de la Promotora Deportiva M, S.A. de C.V., sin ajustarse a los requisitos mínimos que deben cumplir los convenios para otorgar apoyos a personas e instituciones.
Pero los indiciados podrían fácilmente justificar el apoyo, argumentando que el dinero se usó en un patrimonio público, y no como una donación, lo cual no es una falta, explicó Mancera.
Hizo referencia a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que en su fracción primera considera obra pública:
“La construcción, instalación, conservación, ampliación, adaptación, adecuación, remodelación, restauración, reparación, rehabilitación, mantenimiento, modificación o demolición de bienes inmuebles que conformen el patrimonio del estado y municipios, en términos de la Ley de Patrimonio Inmobiliario del Estado y de lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, destinados a un servicio público, al uso común, o los de dominio privado, ejecutados con recursos públicos”.
“Es un dinero que se usó para un bien propiedad municipal, como el caso del Estadio Miguel Alemán Valdés, a menos que lo hayan vendido, por lo tanto su mantenimiento, ampliación, rehabilitación, entre otros lo hace que sea una obra pública y no como dice el dictamen que es una donación, es un dinero público, y (lo que sí es que) se debe aclarar y transparentar el ejercicio del gasto público”, dijo.

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