El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha adelantado al presentar la iniciativa para crear la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Lo anterior pese a que el Estado cuenta con plazo de un año para homologar la Ley General de Transparencia, promulgada el pasado 4 de mayo por el presidente Enrique Peña Nieto.
El diputado local priísta, Jorge Videgaray Verdad, consideró que en Guanajuato urge cambiar la imagen que se muestra en transparencia, pues recordó que la entidad es una de las peor posicionadas en la materia a nivel nacional.
El legislador aseguró que la armonización constitucional tiene el enfoque de la ciudadanización y que obliga a todos los órdenes de gobierno, instituciones públicas e incluso a todas aquellas entidades de interés para la colectividad como los partidos políticos y los sindicatos a que rindan cuentas públicas.
En el sector privado, a las organizaciones que reciban recursos públicos para cumplir acciones de fomento a la productividad o actividades filantrópicas, estará obligado a transparentar el ejercicio de dichos recursos y el impacto social que generen.
La propuesta plantea la integración del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la creación de medios de impugnación sólidos y con sanciones severas a los funcionarios que oculten, inutilicen o nieguen deliberadamente información pública.
Videgaray exhortó a los diputados a comprometerse para no posponer la discusión de esta legislación, pues consideró que el derecho de acceso a la información pública debe ser garantizado para la ciudadanía.
“Esta ley será un logro para la sociedad. La transparencia fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público; ayuda a prevenir y combatir la corrupción; promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública; empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigir que rindan cuentas gubernamentales”.
“La transparencia es la base del Gobierno abierto, que con un mayor control de los recursos públicos, logre dotar de mayor eficacia a las políticas públicas para tener mejor educación, salud, seguridad pública y un desarrollo económico integral y armónico”, aseveró.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
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