A siete años de su creación, el impacto de la Iniciativa Mérida sigue estando poco claro, indica un reporte del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.
Publicado en el marco de la propuesta del Gobierno de Barack Obama de destinar a este programa 119 millones de dólares para para el año fiscal 2016, advierte que la violencia perpetrada por grupos criminales continúa amenazando la seguridad ciudadana y la gobernabilidad en algunas partes del País.
Da cuenta además de situaciones recientes de inseguridad, como el derribo de un helicóptero en Jalisco en mayo de 2015, los enfrentamientos Tamaulipas y el conflicto por los grupos de autodefensa en Michoacán.
Elaborado por los especialistas Clare Ribando y Kristin Finklea, el documento refiere que casos recientes como la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y la masacre de Tlatlaya han llamado la atención sobre los problemas de corrupción y de impunidad que persisten en México.
“Con la poca información públicamente disponible sobre qué parámetros específicos usan los gobiernos de México y Estados Unidos para medir el impacto de la Iniciativa Mérida, analistas han debatido cómo deben ser evaluados los esfuerzos bilaterales”, indica.
“Mientras los gobiernos de México y EU han definido metas similares al largo plazo, sus prioridades en el corto plazo pueden ser diferentes. México se puede enfocar más en reducir el crimen y la violencia asociada al narcotráfico, en tanto que EU puede poner mayor énfasis en capturar agresivamente a los líderes de las organizaciones de la delincuencia organizada transnacional y en la incautación de drogas ilícitas”.
El reporte detalla que las extradiciones de México a EU han ido a la baja, al pasar de su pico en 2012, con 115, a 66 en 2014.
Indica que pese al significativo número de oficiales del sector judicial que han sido entrenados, las altas tasas de rotación dentro de las instituciones del sistema de justicia criminal han limitado el impacto de los programas de entrenamiento de EU.
Los resultados de la Iniciativa Mérida, advierte, son unos si se mide el arresto de líderes de los cárteles del narcotráfico y la incautación de armas y drogas, así como con el precio y la pureza de las drogas que llegan a Estados Unidos, y otros muy distintos si se toma como referencia la percepción de los ciudadanos en México sobre el crimen y la violencia, así como de la efectividad de las autoridades.
A diferencia de lo que ocurría en los primeros años de la Iniciativa Mérida, cuando la mayoría de los recursos se destinaban a transferencia de equipo, el programa ahora se enfoca más en la construcción de instituciones y el fortalecimiento de las comunidades en el País.
Pasó el Altiplano por certificación
El Cefereso número 1, de donde se fugó este mes Joaquín “El Chapo” Guzmán, es una de las 20 prisiones en México certificadas desde 2011 por la American Correctional Association (ACA), vía la Iniciativa Mérida.
El segundo de los cuatro pilares de la Iniciativa se enfoca en institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho, e incluye un programa de correccionales que brinda asistencia a las prisiones de México para obtener la acreditación internacional de la ACA.
De acuerdo con un documento publicado en 2012 por Kathy Black-Dennis, Ben Shelor y Cathy Slack, consultores de ACA, el Cefereso del Altiplano, localizado en Almoloya de Juárez, era uno de los cuatro penales federales que hasta ese momento entrarían en el programa de certificación.
Fuentes diplomáticas confirmaron es uno de los ocho penales federales que ya ha obtenido la certificación.