Dos hombres fueron declarados culpables el jueves por el homicidio del agente de la Patrulla Fronteriza cuya muerte sacó a la luz la fallida operación federal de rastreo de armas conocida como Rápido y Furioso.
El jurado declaró culpables de todos los cargos a Jesús Leonel Sánchez Meza, también conocido como Lionel Portillo Meza, e Iván Soto Barraza. Ambos podrían ser sentenciados a cadena perpetua.
El asesinato del agente Brian Terry en 2010 expuso la operación Rápido y Furioso en la que agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos permitían a criminales comprar armas de fuego con la intención de seguirles el rastro para dar con los cabecillas. Pero la agencia perdió la mayoría de las armas, incluidas dos que fueron halladas en el lugar de la muerte de Terry.
El juez que llevó el caso restringió cualquier mención de Rápido y Furioso, pero aun así representa el primer juicio para acusados vinculados al proceso. Dos sospechosos ya se habían declarado culpables y otros dos siguen prófugos.
Los cargos incluyeron homicidio, asociación delictuosa para interferir con actividades comerciales mediante robo, intento de interferir con actividades comerciales mediante robo, ataque a un oficial federal y portación de arma de fuego durante un crimen violento.
Terry era parte de un equipo táctico elite de cuatro agentes de la Guardia Fronteriza que había estado en el desierto de Arizona durante dos días en una misión para arrestar a bandidos que asaltan a contrabandistas de drogas a lo largo de la frontera.
Cuando se encontraron con Sánchez Meza, Soto Barraza y otros cómplices, un agente gritó “¡policía!” y los bandidos se negaron a detenerse. Un agente entonces disparó proyectiles no letales con su escopeta y algunos bandidos respondieron con fusiles de asalto, dijeron las autoridades.
Terry no tuvo oportunidad de disparar y murió de un balazo en la espalda.
La fiscalía dijo que evidencia de ADN y huellas dactilares de Sánchez Meza y Soto Barraza fueron halladas en mochilas, comida y recipientes de bebidas dejados en la escena del incidente. Los hombres le dijeron al FBI que eran miembros de la pandilla de asaltadores.
Abogados dijeron que los hombres simplemente actuaban en defensa propia en respuesta a los proyectiles no letales disparados por los agentes. Los abogados dijeron que no iban a comentar tras el veredicto.
El asesinato generó a una intensa retórica política por los republicanos, que trataron de culpar al gobierno de Barack Obama por la operación Rápido y Furioso. Los legisladores iniciaron una serie de pesquisas sobre cómo el Departamento de Justicia permitió que armas fuesen a parar a manos de delincuentes.
El entonces secretario de Justicia Eric Holder fue declarado en desacato del Congreso por negarse a divulgar documentos para la pesquisa. Desde entonces, el departamento se ha concentrado en arrestar a todos los involucrados.

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