Aunque la nueva sede del Senado ya tenía un sistema de videovigilancia, el pasado 30 de mayo contrató un servicio adicional por 55.73 millones de pesos.
En varios sitios de la Cámara alta, como el enrejado perimetral del edificio, se aprecian nuevas cámaras instaladas sobre los modelos anteriores. En tanto, en el salón de plenos se agregaron aparatos para ampliar la vigilancia.
Sin licitación de por medio, el Senado asignó a la empresa MCS Network Solutions un contrato de servicios de videovigilancia y radiocomunicación para los próximos tres años.
De acuerdo con la Cámara alta, el servicio fue contratado para un periodo que va del 30 de mayo de este año al 30 de mayo de 2018.
En las Normas para Adquisiciones de la Cámara alta se establece que se podrán hacer adjudicaciones directas cuando se requieran servicios con carácter confidencial.
Junto con ese contrato, el Senado abrió la cartera de los mexicanos para destinar 119.8 millones a otros convenios, según el reporte de gasto del segundo trimestre del año.
Entre esos convenios destacan la actualización de equipos de cómputo por 79.4 millones, la detección de amenazas en la red informática por 15.5 millones y la contratación de asesorías para poner en orden las finanzas y actualizar normas internas por 6.4 millones.
En ambos casos, pese a que los montos suman más de 95 millones de pesos, tampoco se hizo licitación y se justificó la adjudicación directa, con el argumento de que la mesa directiva está facultada para acordar esas contrataciones.
Pagan para poner orden
Para tratar de poner orden en sus finanzas y normas internas, el Senado gastó más de 6.43 millones de pesos en asesorías.
Informes de la Cámara alta detallan que se erogaron 5.56 millones de pesos para un “diagnóstico e identificación de oportunidades en la gestión y operación de la Tesorería”. Los servicios fueron pagados a Bimcon, empresa que ofrece servicios de consultoría en estrategia, operaciones y tecnología.
El Senado también pagó 870 mil pesos al despacho Asesores Jurídicos Especialistas en Derecho Administrativo, por la elaboración de proyectos de diversos instrumentos jurídicos de las normas y políticas internas.