La anterior administración municipal encargó dos diagnósticos del área de recursos humanos… ¡a un proveedor de productos para albercas!
Una auditoría de la Contraloría detectó esta irregularidad, en dos contratos por casi un millón de pesos.
El primer contrato, del 8 de marzo de 2013, fue para la realización de un “diagnostico y presupuesto de optimización de las funciones del área de Desarrollo Institucional” con el fin de identificar fuerzas y debilidades en el área.
Cuatro meses después, el 15 de julio, se celebró un segundo contrato para realizar “análisis y propuesta de estructura de la plantilla laboral de las dependencia de la Administración Pública Centralizada”.
La proveedora contratada se llama Austria Gabriela Morales Rodríguez, y es empleada de un hotel.
El domicilio fiscal que aportó la proveedora está ubicado en la calle Constitución 363, colonia Emiliano Zapata, en Puerto Vallarta, Jalisco.
Para constatar la veracidad de los datos de la prestadora de servicios, los auditores visitaron el domicilio fiscal mencionado en la factura, y detectaron que en ese sitio venden productos para albercas.
“En entrevista con Silvia Luna, secretaria, nos mencionó que el negocio efectivamente es de Austria Gabriela Morales Rodríguez, pero que no se encontraba en el domicilio, ya que labora en un hotel”, menciona el informe de los auditores.
La prestadora de servicios se negó a hablar con los auditores, según reporta el informe de la Contraloría, fechado en julio de 2015.
Subcontrata servicios
En la revisión de los contratos, los auditores descubrieron que el servicio no corresponde a la proveedora contratada, sino al despacho G Santos y Asociados, SA de CV, consultores en recursos humanos.
Lo anterior se debe a que la proveedora subcontrató al despacho para que hiciera los servicios que le había encargado el Municipio.
La Subdirectora de Procesos, Jéssica Saraí Álvarez Enríquez, entregó a la Contraloría una respuesta por escrito, en la que reconoce esta irregularidad: “Derivado de la falta de recursos humanos por parte del proveedor Austria Gabriela Morales Rodríguez, decide subcontratar al Despacho G. Santos y Asociados para el desarrollo del proyecto. No existe evidencia, ya que ambos proveedores acordaron internamente”.
La Contraloría determinó que la proveedora incumplió dos incisos de los contratos que establecían lo siguiente: “El Municipio podrá rescindir el presente contrato cuando el prestador demuestre falta de capacidad, aptitudes o facultades para realizar las actividades propias para las que fue contratado, y ceda, subcontrate, transmita o enajene en cualquier forma o por cualquier título, la totalidad o parte de los derechos y obligaciones, sin consentimiento expreso y por escrito del Municipio”.
Otro caso
Juan Carlos Briseño Martínez, quien fue contratado por el Municipio para la impartición de un curso para la gestión de recursos federales, también recurrió a la subcontratación.
El curso titulado “Homologación de conocimientos técnicos normativos, administrativos y operativos que regulan el desarrollo de los proyectos vinculados con recursos del ramo 33”, lo impartió Francisco José Morales Carranco, quien fue sub contratado por Briseño Martínez.
El Municipio pagó por este servicio 164 mil pesos.
Violan la Leyen servicio
El Municipio pagó 476 mil pesos a un proveedor que nunca formalizó el contrato de prestación de servicios, determinó una auditoría de la Contraloría.
“El contrato del proveedor Consultores Especializados e Ingeniería en Sistemas, SC, cuyo objeto fue el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo propiedad del Municipio, no tiene firmas”, reportó la Contraloría en la revisión documental.
Mencionó que el contrato se pagó sin que tuviera la firma de quien fungía como tesorero, Roberto Pesquera Vargas, Presidente del Comité de Adquisiciones; de Ricardo Jiménez Muñoz, director de Recursos Materiales, ni de Roger Christian Jones Albo, director de Servicios Generales.
Tampoco firmó Julio Rodríguez Blanco, representante legal de la empresa que dio el servicio.
A pesar de que el contrato nunca se formalizó, el Municipio le pagó al proveedor mensualidades de 39 mil 687 pesos, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del mismo año.
La Contraloría solicitó a Servicios Generales copia del contrato, pero el representante de esa dependencia respondió que el documento estaba en poder de la Tesorería.
Sin embargo, tampoco la Tesorería entregó evidencia del contrato firmado, por lo que la Contraloría determinó que se incurrió en faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Pagan $1 millónpor software sin uso
El Gobierno Municipal pagó casi un millón de pesos por un software que no utiliza.
El software ‘Jurisweb’, para el proceso de automatización y administración de juicios laborales, fue pagado por el Municipio en 983 mil 680 pesos al proveedor Smar Yeo Consultores Ti, SA de CV.
La Contraloría envió un oficio a Jorge Armando Gómez Bello, quien se desempeñaba como director de Relaciones Laborales, en el que se le preguntó si habían analizado el costo del servicio prestado por el proveedor, para considerarlo en su contratación, a lo cual el funcionario manifestó: “No analizamos los costos, nosotros nada más vimos el aspecto funcional”.
En opinión de la Contraloría, no se justificó la contratación.
“Aunado a lo anterior, verificamos que en el software se tiene información de 261 expedientes de juicios laborales y que únicamente es utilizado por tres personas de la Dirección General de Desarrollo Institucional”, menciona el informe de la revisión realizada al contrato.
“La utilización de dicho sistema no es proporcional a su costo, ya que no se ha aprovechado a su máxima capacidad”, subraya el informe.
Los auditores de la Contraloría también acudieron a verificar físicamente el domicilio del proveedor, en la calle San Enrique 302, colonia la Martinica.
“Pudimos localizar la dirección mencionada en contrato y factura, sin embargo, detectamos que el domicilio está abandonado aunado a que tiene letreros de renta y venta. Preguntamos a algunos vecinos, quienes nos informaron que el inmueble tiene aproximadamente un año sin habitarse”, menciona el informe fechado en julio de 2015.
Ante la observación de la Contraloría, el proveedor argumentó que se había cambiado de domicilio al fraccionamiento San Jerónimo. AM visitó el local al que supuestamente se habían cambiado, y también está abandonado.
Jaime Cervantes, dueño del inmueble, confirmó que las oficinas se encuentran solas desde hace 4 meses, pues la empresa que las ocupaba se fue con un adeudo de 100 mil pesos.
El órgano fiscalizador concluyó que en este contrato se incurrió en faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.