Autoridades estatales presentaron la iniciativa de Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato, en la que se contempla el Servicio de Transporte Ejecutivo, con lo que podrían regular la plataforma Uber, que recientemente comenzó a operar en León y pretende operar en otras ciudades del Bajío, como Irapuato y Celaya.
La propuesta incluye reformas a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado y al Código Penal, ésta última en relación a las sanciones por la prestación del servicio público de transporte; contempla cárcel hasta por cuatro años para quien preste el servicio sin un permiso o concesión, pues se considera como un delito en materia de Transporte Público.
En la ley se establece que el servicio especial de transporte ejecutivo es aquel que tiene por objeto trasladar en vehículos con operador, y previamente mediante el uso de plataformas tecnológicas y sus dispositivos han contratado con el usuario la prestación del servicio y que se caracteriza por no estar sujeta a itinerarios, rutas, frecuencias, ni horarios fijos.
La iniciativa detalla que la prestación de este servicio será a través de un permiso, del que no precisa costo, pero que puede ser solicitado por personas físicas o jurídico colectivas, pero con un detemrinado número de unidades, el cual será establecido en la reglamentación de la norma y la cual corresponde al gobierno estatal.
Además obliga a la persona física o al colectivo a tener un lugar sede, como principal asiento de la prestación del servicio.
El artículo 200 de la iniciativa, se contempla una multa por la prestación del servicio público de transporte o el servicio especial de transporte ejecutivo, sin contar con la concesión o el permiso correspondiente será de 200 a 700 veces el salario mínimo vigente en la entidad, independiente de las sanciones que correspondan por el delito. Las multas irían de los 14 mil 800 pesos la mínima, hasta los 51 mil 800 pesos, la máxima.
Además, con la iniciativa se propone agregar al Código Penal un artículo que señala que: “a quien dolosamente preste u ofrezca el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija “taxis” o el servicio de transporte especial ejecutivo -esquema en el que encaja Uber- sin contar con concesión o permiso expedido por la autoridad competente, se le impondrá de un mes a cuatro años de prisión, y de 10 a 50 días de multa.
La iniciativa ya fue entregada por el Poder Ejecutivo al Congreso local y fue turnada para su análisis a la comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, presidida por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Muñoz Márquez.
Ley no es ‘hecha a medida’
El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, aseguró que la ley no es una reacción de algunas empresas a prestar el servicio público, como Uber o cualquier otra empresa.
“Es una norma general, abstracta, que se habrá de aplicar a todos los ciudadanos que puedan prestar un servicio público de transporte de personal y el día de mañana de carga o mensajería y ya la estamos normando aquí. Estamos normando el trasladado de personas, en los autotransportes, ya no tendremos que las tolvas estén circulando por calles en donde únicamente están destruyendo el piso, los camiones con sobre carga, las carrozas, hay que regularlas, las ambulancias, porque lo que queremos es regular, que haya un orden en la prestación del servicio, de cualquier naturaleza”, señaló.
Aseguró que a través del servicio especial de transporte ejecutivo, Uber podría operar de forma legal, pero que contempla limitaciones para que no se formen monopolios.
“Lo estamos fijando en el reglamento de la ley, requiere un estudio la ley permite que las personas tengan hasta una concesión, queremos regular esa circunstancia. En la mecánica de reglamento, sin embargo sí quiero comentar, yo tengo, como persona física que cumple con las características que se van a especificar en el reglamento, hago la solicitud al Instituto de Movilidad del Estado, cumplo con los requisitos y se me va a dar un permiso… No queremos que se generen monopolios, ya venimos trabajando desde el plan de gobierno del Gobernador, de que iba a haber un Instituto de Movilidad, aquí esta la propuesta se están armonizando otras leyes que en el camino tendrán que irse definiendo”, agregó.
Por ahora, no la revisarán
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Éctor Jaime Ramírez, aseguró que la iniciativa de Ley del Movilidad presentada por el Ejecutivo estatal no será analizada en durante el actual periodo de sesiones, pues la prioridad es la revisión de los temas fiscales.
“A nosotros nos toca, sin prisas, pero sin pausas, avanzar rápido en una necesidad que sin duda es muy obvia en ese tema, entonces tenemos una carga de trabajo. Como grupo parlamentario presentamos nuestra agenda Legislativa, como Congreso estamos atendiendo cada uno de los puntos, pero nos quedan escasamente tres sesiones y dudo mucho que salga rápido”, dijo.
Recordó que el Congreso tiene la responsabilidad de atender 46 leyes de ingresos, un presupuesto de Egresos del Estado, por lo que calculó que será complicado ver que la ley se aprobada para este año.
Sin embargo, el legislador consideró que desde ahora la ley debe socializarse para que los interesados busquen participar en la consulta de la nueva norma.
“La fase más importante será sin duda la publicitación, para que todo aquel interesado, investigador, director de un medio de comunicación, planeador y todos los que hemos estado escuchando, hoy con tantas vertientes en los medios de comunicación, a cerca de un sólo micropunto que puede ser este sistema de transporte que ha estado saliendo en estos medios”, agregó.
Proponen crear Instituto de Movilidad
El director general de Transporte, Juan Carlos Martínez Hernández, explicó que la norma contempla la creación de un Instituto de Movilidad, regulación de estacionamientos públicos, un programa permanente de descacharrización y un programa de capacitación a conductores.
Sin embargo, aspectos importantes como requisitos para la obtención de permisos y sus costos, no se definen en la ley. Esto se prevé establecer en el proceso de reglamentación que le corresponde al Ejecutivo estatal.
Aseguró que la actual Ley de Tránsito y Transporte del Estado tenía 23 años sin modificarse, por lo que se creó una propuesta dirigida al crecimiento y el desarrollo de las ciudades.
Agregó que además de la creación de un nuevo organismo para la regulación del transporte, se prevé la cobertura de servicios en zonas metropolitanas, nuevas modalidades de transporte, como la del servicio de carga.
Regulación de estacionamientos públicos y espacios para bicicletas en estacionamientos públicos, además de campañas de educación para prevenir accidentes, son otras de las modificaciones que se plasmaron en la norma.