Un año, un mes y nueve días después de la desaparición de los 43 estudiantes, la PGR interrogó durante casi siete horas a José Luis Hernández Rivera, director de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero sólo fue cuestionado por temas académicos, no por las imputaciones de narcotraficantes que lo vinculan con la organización criminal de Los Rojos.
“Se me planteó como testigo, entonces lo que expuse fueron situaciones académicas y sobre eso fue lo que versó mi parte. Nada (de imputaciones me cuestionaron). Me preguntaron sobre situación académica y de mi estancia en la escuela. Ninguna (acusación), nada de eso.
“Yo ya expresé todo eso públicamente y hay pruebas, evidencias de parte de los expertos de que el narcotráfico, que el crimen organizado no está relacionado con nosotros en la normal”, dijo al salir de las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En la investigación del caso Iguala, varios de los integrantes de la banda delictiva de Guerreros Unidos, incluido su líder Sidronio Casarrubias Salgado y Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, señalaron a Hernández Rivera de permitir la infiltración de Los Rojos entre los estudiantes que fueron masacrados la noche del 26 de septiembre de 2014. Incluso, lo acusan de recibir un soborno de 300 mil dólares de dicho grupo criminal.
Hernández Rivera se presentó ayer a declarar ante la subprocuraduría a las 10:30 de la mañana, junto con el subdirector administrativo de la normal, Rigoberto Barrera Urióstegui, y acompañados del abogado José Luis González Meza, presidente de la asociación civil Comisión Nacional de Derechos Humanos Lázaro Cárdenas del Río.
Comparecieron en la averiguación previa SEIDO/UEIDMS/001/2015, que está a cargo de los fiscales federales Jorge García Valentín y Lourdes López Iturbe, quien los atendió personalmente. Los funcionarios sólo les hicieron 10 preguntas a cada uno de los testigos, quienes salieron de la SEIDO a las 5:15 de la tarde.

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