Supuestas firmas de personas muertas es una de las inconsistencias por las que un juez ordenó detener un tramo de la obra de modernización de la carretera León-Santa Ana del Conde, tras un amparo presentado por ejidatarios de esa comunidad.
Representantes legales de ejidatarios de Santa Ana del Conde denunciaron que el Gobierno del Estado lleva a cabo esta obra en un tramo de la comunidad, sin pagarles afectaciones.
Los abogados José de Jesús Aguas Ángel y Guillermo Ledezma investigaron por qué se autorizó esta obra sin pagar a los ejidatarios el tramo que pertenece al área común de la comunidad.
“Nos presenta Obra Pública un convenio firmado por un comisariado ejidal pero le faltan los anexos, lo pedimos vía juez y dijeron que no tenían el original; aportaron copias y vimos que las firmas no eran y están personas que murieron con mucha anticipación”, informó el abogado José de Jesús Aguas Ángel.
De acuerdo al documento que obtuvieron los abogados, se llevó a cabo una supuesta asamblea el 22 de septiembre de 2014, en la que el comisariado ejidal autorizó la venta del terreno.
Sin embargo am tiene copia que otorgaron los abogados de las actas de defunción de dos personas que firman ahí, uno de ellos es Bernando Alatorre Gómez, cuya acta de defunción certifica que falleció el 18 de diciembre de 2006, y Sivestre Guadián, fallecido el 05 de abril de 2014.
De acuerdo a los abogados nunca se llevó a cabo la asamblea en el ejido donde autorizan la venta del predio de poco más de seis hectáreas, por las que de acuerdo a los abogados tuvo que pagar el Gobierno del Estado de 800 pesos a mil 200 pesos el metro cuadrado.
Incluso muestran un documento del Registro Agrario Nacional (RAN) -que conoce cualquier modificación de los ejido- en el que comprueban que no tienen registro de esa asamblea.
Ante esto, el comisariado ejidal integrado por Juan José Durán Aguirre (presidente), Manuel Morales Mancera (secretario) y Armando Mendoza Meza (tesoreo), en representación de 260 ejidatarios presentó el amparo 9000/2015 en el Juzgado 3 de Distrito el 7 de agosto de este año.
El 13 de octubre el juez ordenó la suspensión de la obra, pero sólo en el tramo que comprende a esta comunidad, pasando el puente y el autódromo.
El resto de la obra de modernización de la carretera continúa desde el bulevar Aeropuerto.
Esta carretera será una ruta alterna para llegar al parque industrial Santa Ana del Conde y aún no está concluida.
De acuerdo al abogado Guillermo Ledezma Delgado, el Gobierno del Estado justifica que pagó por estas tierras seis millones de pesos a una persona que ostentan como “representante legal”, María Mercedes Silva Luna, a quien no reconoce ninguno de los ejidatarios.
“Hemos tenido entrevista con Adolfo Flores, director jurídico de la Secretaría de Obra Pública y nos ha dicho ‘bien o mal ya pagamos y no vamos a volver a pagar’”, aseguró.
Según el abogado José de Jesús Aguas Ángel otra de las inconsistencias que encontraron es que los documentos entregados por el Gobierno del Estado al juez, no están bien elaborados.
“Un documento debe tener como característica que su texto debe tener la misma distribución, el mismo tipo de letra, armonía en pocas palabras, y dentro de lo que se puede apreciar es que los anexos llevan un tamaño, otros y otros, en el documento en el que dicen que se llevo a cabo la Asamblea”, dijo.
Eséran reactivación
La Secretaría de Obra Pública del Estado aceptó que un tramo de la obra de modernización de la carretera León-Santa Ana del Conde está detenida por decisión de un juez.
“En efecto un juez determinó la suspensión de los trabajos en un tramo de la obra, en particular del kilómetro 4.4 al 6.8 que es lo que tiene que ver con el ejido de Santa Ana del Conde, en cuanto se dio la disposición del juez se suspendieron los trabajos de manera inmediata”, aseguró en un comunicado.
La dependencia informó que esperan la definición del proceso judicial para reactivar los trabajos de modernización de la vialidad en ese tramo.
Resaltó que cuentan con dos convenios de ocupación que en su momento se hicieron por parte del área de Derecho de Vía de Obra Pública con el Comisariado Ejidal de Santa Ana del Conde, en donde autorizaron que se llevara a cabo la obra.
“Afirmamos categóricamente que Gobierno del Estado ya realizó dos pagos por los terrenos citados por la cantidad de 8.3 millones de pesos ante Bancoppel, pagos que ellos están solicitando ante el juez de nueva cuenta.
“La Secretaría de Obra Pública lamenta que se dé este tipo de situaciones que, considera, se trata de un asunto entre particulares”, dice el comunicado.
En el mismo documento la dependencia informó que trabajadores de la empresa Chalop (que tenía a su cargo la obra) fueron amenazados por habitantes de la zona: “Aseguraron que de continuar con los trabajos aun con el permiso concedido por el juez, las máquinas serían quemadas”.
Mientras tanto, del kilómetro 0 hasta el kilómetro 4.4 los terrenos se encuentran liberados al 100% y este tramo de la obra deberá quedar listo en este mes.
De la misma manera la dependencia reconoce que dejar detenida la obra en un tramo representa un peligro para los usuarios y hace responsable de tal situación a quienes se están amparando e impiden que esta importante obra continúe.
La Secretaría de Obra Pública invierte 171 millones de pesos en esta modernización.