Fiscalía incumple consejos en caso Iguala

La Comisión Nacional de Derechos Humanos criticó a la fiscalía nacional por incumplir las recomendaciones que le hizo en julio sobre la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el sur de México, hace más de un año.
Usando un tono muy duro hacia las autoridades investigadoras en el documento divulgado el domingo, la Comisión consideró que la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) a sus peticiones fue “insuficiente e imprecisa” y que muchas veces ha dado información no vinculada con las preguntas presentadas.
Lamentó también que “tergiverse” datos oficiales —por ejemplo, al señalar que un estudiante tenía antecedentes penales cuando el informe policial indica lo contrario_, que en varias ocasiones ofrezca explicaciones falsas o que no haya ofrecido respaldo documental para demostrar algunos de sus posicionamientos y, cuando lo hace, las copias no lleven sello ni número de folio.
Además critica que se “desestime o ignore información” del propio expediente y que muestre “falta de cuidado en el análisis y manejo de los datos”, en una investigación que el gobierno ha calificado como la más grande e importante de la historia reciente de México.
La entidad defensora de los derechos humanos presentó en julio un informe en el que denunció fallos y omisiones de la investigación y en el que cuestionó por primera vez la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, “el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos en la memoria reciente del país”, dijo entonces.
De las 26 observaciones hechas en ese momento a la fiscalía mexicana —también había algunas para autoridades locales y estatales— dos “fueron atendidas parcialmente; una fue atendida parcialmente con avance mínimo; tres se encuentran en vías de atención y 20 no fueron atendidas”, denunció el organismo.
Asimismo, consideró que dar respuesta a esas recomendaciones contribuiría a saber qué pasó en Iguala la noche de los ataques a los estudiantes, un requisito “indispensable para materializar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, aspectos que, a su vez, son necesarios en la aspiración a la no repetición de los actos”.
Seis personas murieron y 43 estudiantes de magisterio desaparecieron el 26 de septiembre de 2014. Según la versión oficial, policías municipales de la ciudad de Iguala y del vecino municipio de Cocula secuestraron a los jóvenes por orden del alcalde de Iguala, los entregaron a miembros de un grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos, y sicarios de esta organización los llevaron a un basurero de Cocula, donde los quemaron y arrojaron sus restos al cercano río San Juan.
Solo se localizó un puñado de huesos calcinados en muy mal estado y apenas se pudo identificar plenamente por ADN un fragmento óseo, que sí correspondía a uno de los estudiantes desaparecidos. Después hubo otra identificación, pero no puede darse por certera al 100%.
Entre otros puntos, el informe de julio de la Comisión pedía establecer con claridad si los restos encontrados en el río San Juan y que el gobierno dijo que eran de los estudiantes “son o no de origen humano”, cuestionó la recreación de los hechos realizada por la fiscalía e instó a interrogar a personas clave para la investigación que no habían rendido declaración hasta ese momento.
Esa fue la primera vez que una entidad oficial exhibía las carencias de una investigación que después, en septiembre, fue cuestionada duramente por un grupo de expertos independientes que tumbaron definitivamente la versión oficial y denunciaron obstrucción a la justicia por parte de algunos funcionarios.
La comisión critica ahora, entre otras cosas, que la última acción de búsqueda de los 43 estudiantes se haya realizado en febrero del presente año; que no se ofrezcan datos sobre la participación de algunos de los detenidos en los hechos; que no se haya efectuado un estudio de georreferenciación de los celulares de los desparecidos y, por ejemplo, ofrezca el rastreo de un número de teléfono de alguien totalmente ajeno a la indagatoria; o que ni siquiera pueda aclarar si la noche del 26 de septiembre llovió en el basurero de Cocula, lo que hubiera complicado hacer una hoguera de grandes dimensiones.