Tres empresas de Sonora ligadas con los presuntos cobradores de ‘moches’, estaban apuntadas para hacer obra pública en León.
La licitación en la que participaban se canceló casi a la par que estalló el escándalo de los ‘moches’ a nivel nacional, por una serie de reportajes publicados por el periódico Reforma a finales del año 2013.
Las constructoras sonorenses se habían inscrito en la licitación de la primera etapa del bulevar Timoteo Lozano, que se ejecutó con recursos del ramo 23, que es el fondo que gestionan diputados federales y que ha sido utilizado para el cobro ilegal de comisiones o ‘moches’.
Empresas ligadas
A pesar de que son empresas vinculadas (comparten socios, domicilios y teléfonos en Hermosillo), la Dirección de Obras de León aceptó la inscripción en la misma licitación de las constructoras Estructuras y Servicios Esmeralda, Recubrimientos Doble D y Payconss del Norte SA de CV, del empresario sonorense Humberto Vazquez Campo, quien hace dos años fungió como negociador de un ‘moche’ millonario de fondos federales en la ciudad de Celaya.
Las constructoras fueron inscritas en la licitación el 12 de noviembre de 2013, casi a la par que los empresarios de Sonora negociaban con autoridades de Celaya el cobro de un ‘moche’ de entre 20 y 35% por 160 millones de pesos del ramo 23 que habían sido gestionados por diputados federales del PAN y del PRI.
Marcel Alan Quintal Abril, otro de los negociadores del ‘moche’ en Celaya, se presentó en León para anotar a una de las empresas sonorenses. Su firma quedó estampada en el documento de presentación de propuestas, como representante de Instalaciones y Recubrimientos Doble D, según constató AM.
Las tres constructoras sonorenses presentaron una oferta casi idéntica, por 47 millones de pesos, para construir el tramo de Delta a Atotonilco.
El director de Evaluación Económica de la Dirección de Obras, Luis Horacio Salmón González, fue quien inscribió las propuestas.
Estalla el escándaloy cancelan licitación
A la licitación del primer tramo de Timoteo Lozano se inscribieron 20 constructoras, y 12 presentaron oferta.
El fallo de la empresa ganadora se iba a dar el 22 de noviembre de 2013, pero a pesar de la gran cantidad de postores, el Municipio declaró desierta la licitación. Inusualmente, a todas las propuestas les encontró errores.
La asignación de la obra se suspendió casi a la par que en Celaya estalló el escándalo por los ‘moches’.
El 4 de noviembre de aquel año, el alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, se reunió con integrantes del Cabildo a quienes les reveló que había negociado el pago de un ‘moche’ de 35% a cambio de 160 millones del ramo 23, gestionados por diputados.
“Estos recursos llegaron promocionados por las fuerzas políticas, de los diputados, hay una cúpula, ellos nos las patrocinaron, con la consigna de que se los diéramos a una constructora que ellos nos iban a asignar y que la obra estuviera inflada un 35%”, explicó el Alcalde.
Según el Edil celayense, “casi todos los municipios” siguieron el consejo de “personas” –de quienes no dio nombre- de pagar un ‘moche’ para agilizar la entrega de dinero del ramo 23.
“Lo que hicieron fue seguir el consejo que les habían dado las personas, el tomar la obra, el dársela a una constructora y el no complicarse mucho la existencia con mucho trabajo”, expuso en la reunión con su Cabildo.
Los negociadores llegaron de Sonora
Una investigación realizada por AM permitió identificar a las personas que negociaban el cobro del ‘moche’ en Celaya: se trataba de empresarios de Sonora vinculados a las constructoras que pretendían realizar la obra del bulevar Timoteo Lozano.
De acuerdo con testimonios y documentos obtenidos por AM, Humberto Vazquez Campo fue el primero en negociar el ‘moche’. Casi al mismo tiempo llegó Marcel Alan Quintal Abril, ambos originarios de Sonora.
El primer negociador era amable, bien vestido, mientras que el comportamiento del segundo causaba temor entre funcionarios de Celaya. “Era malhablado, gritón; repetía una y otra vez que sus jefes Manlio y Villarreal exigían la comisión y el contrato para hacer las obras”, dijo a AM un testigo de las negociaciones.
Al final, los negociadores aceptaron bajar la comisión al 20% y acordaron con las autoridades de Celaya firmar un contrato de servicios con la empresa Urichape SC, para justificar legalmente el pago del ‘moche’.
Para dar seguimiento a la firma del contrato, se asignó a un tercer negociador de nombre José Árcadio Cabrera Luque, también originario de Sonora.
Urichape resultó ser una empresa ‘fantasma’, pues carecía de instalaciones, y para constituirla le habían robado la identidad a una mujer obrera de Hidalgo.
Sus empresas
AM rastreó en Sonora a los cobradores de los ‘moches’ e identificó que tienen vínculos con las tres empresas que a finales de 2013 se apuntaron para ejecutar obra pública en León.
Humberto Vazquez Campo es accionista mayoritario de una constructora que fue fundada en 2010 por Marcel Alan Quintal Abril, según consta en la escritura 31,655 inscrita en el Registro Público de Hermosillo.
Su domicilio está ubicado en la calle Francisco Zarco 4, en la colonia Constitución de Hermosillo, misma dirección que corresponde a Estructuras y Servicios Esmeralda, SA de CV.
Marcel Alan Quintal es además representante legal de Instalaciones y Recubrimientos Doble D, empresa propiedad de la familia Vazquez Campo.
Payconss del Norte es otra empresa ligada a la familia Vazquez Campo: un hermano es el dueño y Humberto(el presunto cobrador de los ‘moches’) es el apoderado general.
Las tres empresas mencionadas (Payconss, Servicios Esmeralda y Recubrimientos Doble D) se registraron en 2013 para ejecutar la obra del bulevar Timoteo Lozano en León.
La cancelación
En noviembre de 2013, el periódico Reforma publicó una serie de reportajes en los que denunció el cobro de ‘moches’ o comisiones a cambio de fondos federales del ramo 23.
El 18 de noviembre, el director de la Asociación de Autoridades Locales de México AC, Ricardo Baptista, confirmó que los alcaldes son extorsionados cada año por legisladores y gestores antes y después de la aprobación del Presupuesto de Egresos.
“Es en todo el País y no es privativo de un solo partido”, dijo. “Llegan personeros con los presidentes municipales. No necesariamente algún legislador, llegan gestores hablando a nombre de algún diputado”.
Al día siguiente (el 19 de noviembre) Reforma publicó el caso de diputados federales del DF y Estado de México que habían desviado fondos federales a municipios de Nuevo León a cambio de un ‘moche’.
La difusión de esta serie de reportajes generó un escándalo nacional que provocó que en forma abrupta se cancelara el ‘moche’ que los sonorenses pretendían cobrar en Celaya a través de la empresa fantasma Urichape.
A la par, el 22 de noviembre de 2013 el Gobierno de León decidió cancelar la asignación del contrato de la obra de Timoteo Lozano, para la que estaban apuntadas tres constructoras sonorenses vinculadas con el ‘moche’.
En el acta de cancelación se argumentó que ninguna de las 12 empresas inscritas había cumplido con lo establecido en la convocatoria.
Pagan $85 millones por obra que estaba cotizada en $33.5 millones
Tras cancelarse la licitación del primer tramo del bulevar Timoteo Lozano, la Dirección de Obra del Municipio asignó el contrato en forma directa a una constructora que duplicó el costo de la obra.
De 33.5 millones que se estimaba costaba la obra, el gasto se disparó a más de 85 millones.
El 12 de noviembre de 2013, la empresa Consorcio Constructor Eco del Bajío ofreció pavimentar el tramo Delta-Atotonilco a un costo de 42.5 millones de pesos.
Sin embargo, la Dirección de Obra del Municipio rechazó su propuesta por considerar que el costo propuesto era muy elevado.
Según el acta firmada por Luis Horacio Salmón, ex director de costos de Obra Pública del Municipio, el Consorcio Constructor Eco había realizado obras similares con un monto máximo de ejecución de 33.5 millones, y no los 42.5 millones que pretendía cobrar.
Es decir, según el fallo de la licitación, Eco proponía cobrar la obra 26% más cara que otras similares realizadas anteriormente (9 millones de pesos más).
Su propuesta y otras 11 presentadas por igual número de constructoras fueron desechadas, con lo que la licitación del tramo del bulevar Timoteo Lozano se declaró desierta el 22 de noviembre de 2013.
Tres semanas después, el 13 de diciembre de 2013, la Dirección de Obra del Municipio decidió asignarle directamente la pavimentación del tramo Delta-Atotonilco a la misma empresa Eco, pero a un costo todavía mayor que el que la constructora había planteado en su oferta inicial.
El contrato otorgado directamente a Eco para el tramo de pavimentación del Timoteo Lozano fue por 49 millones 558 mil pesos, pese a que en su oferta la empresa propuso hacer la obra en 42 millones 503 mil.
El sobreprecio en la asignación del contrato fue de 47%, porque en su fallo, la propia Dirección de Obra estimaba que el costo de una obra similar era de 33.5 millones.
Sin embargo, el costo se infló todavía más, porque al paso de los meses se dieron ampliaciones al contrato, hasta que la obra superó los 85.8 millones: más del doble de la propuesta inicial y 156% por encima de la estimación inicial del Municipio.
Coinciden fechas
Octubre de 2013
Tres constructores de Sonora acudieron a la Alcaldía de Celaya a gestionar el cobro de ‘un moche’ por recursos federales gestionados por diputados federales del PAN y PRI.
4 de noviembre de 2013
Ante integrantes del Cabildo, el Alcalde de Celaya denunció que diputados federales (de los que no dio nombres) le pidieron inflar 35% una obra y asignarla a una constructora que ellos designarían.
12 de noviembre de 2013
Tres constructoras de Sonora, vinculadas con los cobradores de los ‘moches’ de Celaya, se inscribieron en la licitación de la primera etapa del bulevar Timoteo Lozano en León.
20 de noviembre de 2013
El Municipio de Celaya canceló la firma del contrato con Urichape SC, una empresa ‘fantasma’ que había sido creada con prestanombres para cobrar una comisión de los recursos federales. La cancelación se dio ante el escándalo suscitado a nivel nacional por el tema de los moches.
22 de noviembre de 2013
El Municipio de León canceló la licitación del Timoteo Lozano, pese a que la Dirección de Obra había validado 12 propuestas económicas, tres de ellas de las empresas sonorenses ligadas a ‘los moches’.
13 de diciembre de 2013
La obra de Timoteo Lozano que había sido cancelada se asigna directamente a Consorcio Constructor Eco por un monto superior al que esta misma empresa había presentado en la licitación inicial.