Una consultora privada de Toluca advirtió desde 2010 que Grupo Higa estaba recibiendo beneficios inexplicables por parte del Gobierno del Estado de México.
La firma Arvic Consulting, contratada por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) mexiquense, reportó que un contrato de 575 millones de pesos adjudicado directamente a Higa en 2006, se renovó año con año hasta sumar casi 2 mil 200 millones de pesos en 2010, sin razón aparente para ello.
“Las autorizaciones de recursos mencionadas son para la ejecución de gran parte de los trabajos señalados en el catálogo de conceptos original autorizado en 2006; por lo que es cuestionable cuál es la razón de seguir aumentando el recurso para la conclusión de los trabajos presupuestados originalmente en 575 millones de pesos”, explicó la consultora.
El OSF contrató a Arvic para una auditoría especial al proyecto Construcción de Distribuidores Viales, Puentes Vehiculares y Modernización del Boulevard Aeropuerto, adjudicado en 2006 por la Junta de Caminos del Edomex (JCE) a Constructora Teya, filial de Higa.
El reporte de Arvic fue sepultado en las últimas páginas del informe del OSF sobre la Cuenta Pública de 2009 y no recibió mayor atención pública, mientras que el órgano fiscalizador se enfocó en auditar obras de la JCE pagadas con recursos federales.
“Se considera que la Secretaría de Finanzas del Estado de México no debió autorizar el contrato de esta obra para 2009, pues el mismo ya estaba agotado, por lo que se recomienda solicitar a esta dependencia que justifique la asignación y autorización de recursos”, dice el informe.
La Junta de Caminos del Edomex no proporcionó a Arvic el proyecto ejecutivo de la obra de 2009, y ni siquiera estaba claramente definido si se trataba de obra nueva, pues si bien cambiaron los números de contrato, el número de control presupuestal desde 2006 fue el mismo: 1.64410.6
“El proyecto ejecutivo presentado por la dependencia corresponde a una obra autorizada en 2006, y no existe proyecto ejecutivo para el contrato 2009. Por lo tanto se deduce que la dependencia no elaboró el proyecto ejecutivo previo a la ejecución de la obra”, señaló Arvic.
La consultora detectó pagos improcedentes a Teya por más de 45 millones de pesos, solo en 2009, y consideró indebidas las sucesivas adjudicaciones directas realizadas en 2006, 2007, 2008, 2009 y hasta 2010.
El argumento para las adjudicaciones fue que las obras serían financiadas por la contratista, pero se le autorizaron anticipos provenientes del erario por 50 por ciento del monto total.
“Las bases de adjudicación establecen en su cláusula cuarta que no se otorgarán anticipos; sin embargo, el contrato en la cláusula sexta establece un anticipo del 50 por ciento del valor total del contrato, violentando la misma dependencia su disposición original y fundamento del tipo de adjudicación”, concluyó .

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