La Presidenta del Comité Anticorrupción de León, María Esther Santos de Anda, recibió contratos directos de dependencias municipales a las que tenía que supervisar.
Los contratos por asignación directa a dos empresas vinculadas suman más de 2.2 millones de pesos tan sólo entre diciembre de 2013 y julio de 2014.
La mayoría de estos contratos fueron otorgados por la Tesorería Municipal y por la Dirección de Servicios Generales, durante la administración que encabezó Bárbara Botello.
Las empresas comparten domicilio y teléfono, y en las actas constitutivas aparecen como socios Santos de Anda y su esposo Julio Rodríguez Blanco.
Una investigación de la Contraloría Municipal determinó que se hicieron pagos irregulares a una de estas empresas.
El Comité Anticorrupción fue creado en diciembre de 2012 por el anterior Ayuntamiento de León, con María Esther Santos como presidenta. Su labor consistía en “prevenir y combatir los actos de corrupción realizados por los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del municipio de León”, así como “recibir, atender y canalizar a través de las autoridades competentes las quejas y denuncias relacionadas con actos de corrupción que le sean presentadas por los ciudadanos”.
Los contratos

De acuerdo con una relación de compras proporcionada por la Unidad de Transparencia del Municipio, la empresa Siete Computación SA de CV – en la que Santos de Anda es socia- fue proveedora constante en la administración que encabezó Bárbara Botello, pues en su gestión obtuvo 29 contratos por un millón 248 mil pesos.
Consultores Especializados e Ingeniería en Sistemas, otra empresa ligada a la misma vigilante anticorrupción, recibió otros dos contratos del Municipio por más de un millón de pesos tan sólo en 2014 y 2015.
Ambos contratos fueron por concepto de “mantenimiento de equipo de cómputo”.
Los gadgets

A través de Siete Computación, la titular del Comité Anticorrupción le vendió al Municipio equipo de cómputo y de telecomunicaciones, refacciones, accesorios y mobiliario.
En la relación proporcionada por el Municipio se incluye el pago de 177 mil 393 por concepto de “IPAD Air 2 de 64 GB”. El precio en el mercado de ese equipo oscila de 11 mil a 14 mil pesos.
El contrato DGRMYSG-211/2015 fue asignado por asignación directa, y en la versión pública difundida por el Municipio en su portal de Transparencia, no se precisa si el pago de 177 mil fue por uno o por varios equipos.
La misma empresa le vendió al Municipio el 9 de diciembre de 2014 un equipo “Lap Top alto rendimiento” en 193 mil 822 pesos y una semana después le surtió una cámara digital Sony al precio de 55 mil pesos.
La mayor parte de los contratos son de la Tesorería y la Dirección de Adquisiciones del Municipio.
Las empresas

Siete Comunicaciones SA de CV fue creada el 11 de mayo de 2001, de acuerdo con su acta constitutiva con escritura 18,824.
Los socios fundadores son el matrimonio formado por María Esther Santos de Anda y Julio Rodríguez Blanco, quienes aportaron 220 mil pesos como capital variable y fijo.
La empresa fue creada para dar servicio de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, así como la compra-venta de programas para computadora.
La dirección de Siete Computación es en la calle Julián Carrillo 150 de la colonia Casa Blanca.
En ese mismo domicilio está Consultores Especializados e Ingeniería en Sistemas, empresa que se constituyó el 20 mayo de 1996, con un capital de 50 mil pesos para brindar servicios de capacitación, asesoría, desarrollo, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo.
Los hermanos de María Esther Santos son los accionistas mayoritarios, con el 60% del capital y su esposo tiene el 30%.
Coinciden nombres

En la misma dirección de las dos anteriores empresas también funciona el despacho Guadarrama Santos y Asociados, en el que participa María Esther Santos.
Esta sociedad ofrece servicios de contadores, auditores y de asuntos fiscales.
Una empresa con una razón social muy parecida (G Santos y Asociados, SA de CV) fue subcontratada por la proveedora del Municipio Austria Gabriela Morales Rodríguez para cumplir con servicios de revisión y reestructura de la nómina municipal.
La Contraloría Municipal descubrió en una auditoría que Austria Gabriela trabajaba como empleada en un hotel de Puerto Vallarta, y que se dedicaba a vender productos para albercas.
Debido a que no podía cumplir con los servicios que le había pagado el Municipio, Austria Gabriela subcontrató al despacho G Santos y Asociados.
El monto de los dos contratos de marzo y julio del 2013 fue por cerca de un millón de pesos.
La prestadora de servicios se negó a hablar con los auditores, según reporta el informe de la Contraloría.

Se abstiene de declarar

AM buscó a María Esther Santos de Anda en sus oficinas de la Universidad EPCA donde es rectora, pero la persona que atendió comentó que no estaba y que ella se comunicaría más tarde.

Del mismo modo se llamó a su despacho Guadarrama Santos y Asociados SC, que comparte el domicilio con dos proveedoras del Municipio, pero una persona de nombre Claudia Arcos que se identificó como asistente de María Esther Santos, aseguró que estaba fuera de la ciudad y era imposible localizarla.
“Guadarrama Santos buenas tardes”, dijo Claudia Arcos al contestar la llamada.
Luego de pedir los datos del reportero de AM la asistente solicitó unos segundos para canalizar la llamada con la contadora María Esther Santos.
Sin embargo, dos minutos y medio después volvió a tomar la llamada y comentó que no se encontraba.
“A ver, ¿gusta dejarle algún recado a la contadora? Mire, la verdad le soy sincera, ella está fuera de la ciudad ahorita”.
Añadió que cuando María Esther Santos sale de la ciudad es poco probable contactarla.
“Ya tomé los datos, entonces no se preocupe, en cuanto tenga oportunidad y si ella se reporta conmigo, yo con mucho gusto le paso el recado, sí se me va a complicar un poquito porque anda fuera porque si no, hasta se la enlazaba” concluyó.
AM insistió durante dos días para obtener una postura de la contadora, pero no hubo respuesta.

Pagan contrato sin firma

Una auditoría de la Contraloría Municipal, fechada en julio de 2015, determinó que la empresa Consultores Especializados e Ingeniería en Sistemas nunca formalizó el contrato de prestación de servicios.

“El contrato del proveedor Consultores Especializados e Ingeniería en Sistemas, S.C, cuyo objeto fue el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo propiedad del Municipio, no tiene firmas”, reportó la Contraloría.
En dicho documento se menciona que faltó la firma de Julio Rodríguez Blanco, esposo de la vigilante anticorrupción y representante legal de la empresa.
Además de que tampoco estaban las firmas de los funcionarios Roberto Pesquera Vargas, Presidente del Comité de Adquisiciones; de Ricardo Jiménez Muñoz, director de Recursos Materiales, ni de Roger Christian Jones Albo, director de Servicios Generales.
Se demostró que el Municipio pagó al esposo de María Esther Santos 476 mil pesos a pesar de que nunca formalizó el contrato de prestación de servicios entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del mismo año.
En la auditoría quedó registro de que se solicitó a Servicios Generales copia del contrato, pero el representante de esa dependencia respondió que el documento estaba en poder de la Tesorería.
Al final la Contraloría Municipal determinó que tampoco a Tesorería entregó evidencia del contrato firmado, por lo que determinó que se incurrió en faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Está en proceso de fijarse sanción.
A pesar de la situación la empresa recibió pagos mensuales por 39 mil 687 pesos.

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