El Nuevo Sistema de Justicia Penal, que se aplicará en todo el país a partir del próximo año, reducirá el hacinamiento en las cárceles, ya que los “presuntos culpables” de delitos no graves podrán seguir sus procesos legales en libertad y no en prisión preventiva. 
Esta transición abre un nuevo debate que consiste en la posibilidad de que los 109 mil reclusos que actualmente están en prisión preventiva puedan acogerse al nuevo sistema con la finalidad de afrontar sus juicios en libertad o reiniciar sus causas para favorecerlos. 
Ana Aguilar, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, y José Luis Gutiérrez Román, director de la organización de derechos humanos Asilegal, descartan, en principio, una especie de “retroactividad”. 
La experta dice que “hay que abrir un debate sobre qué hacer con las personas juzgadas con el sistema anterior”. 
Gutiérrez Román afirma que la retroactividad “no puede ser, porque fueron juzgados en el viejo sistema. No hay nada que modifique su situación”.

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *