Aunque la Ley de Movilidad, propuesta por el gobernador Miguel Márquez Márquez, sí incluye regular el servicio de taxi ejecutivo como UBER, no surge por esta razón, sino con la pretensión de mejorar la movilidad de las personas entre los municipios.
En ello coincidieron los diputados locales Jorge de la Cruz y Jesús Oviedo, luego de que se informara que algunos funcionarios calificaron la ley como ridícula, pues contempla requisitos absurdos para los prestadores de servicio de taxi ejecutivo en Guanajuato.
“La movilidad no es nada más, como algunos le han llamado una ley UBER, movilidad estamos hablando incluso de ordenamiento territorial y diseño de ciudades donde existan avenidas, calles que permitan el flujo de ciclistas, peatones, transporte público, son muchas cosas las involucradas”, aclaró Jorge de la Cruz.
“El tema de las empresas como UBER, que no sería la única, es un asunto que va implícito, pero no surge la Ley de Movilidad de este tema”, aseguró Jesús Oviedo.
Jorge de la Cruz abonó que esta iniciativa de ley anunció desde tiempo atrás, pero justo sale cuando comienza a trabajar UBER en el municipio de León, lo que hace natural que se relacione el tema.
Sin embargo, “la intención es tener una ley que nos permita contar con un Instituto de Movilidad especializado y con facultades para regular todo lo que tiene que ver con la movilidad de las personas dentro del estado de Guanajuato”, indicó de la Cruz.
“Hacer que la gente pueda trasladarse de una manera más sencilla y que esto invite a usar más el transporte público, que el uso del automóvil tienda a disminuir, en ese sentido va esta ley”, señaló Oviedo.
En cuanto a regular el servicio de taxi ejecutivo, con el otorgamiento de concesiones o permisos, daría un marco jurídico para que los prestadores del servicio puedan realizar su actividad libremente, que el estado tenga la información de quienes prestan el servicio y darle seguridad a los usuarios.
Ambos comentaron que la iniciativa de Ley de Movilidad aún está en análisis, mientras tanto están abiertos a escuchar propuestas de la ciudadanía que puedan mejorar la ley.
Reformará leyes y códigos
La iniciativa de Ley de Movilidad fue presentada el 30 de octubre del 2015 y propone reformas a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado y al Código Penal, ésta última en relación a las sanciones por la prestación del servicio público de transporte; contempla cárcel hasta por cuatro años para quien preste el servicio sin un permiso o concesión, pues se considera como un delito en materia de Transporte Público.
En la ley se establece que el servicio especial de transporte ejecutivo es aquel que tiene por objeto trasladar en vehículos con operador, y previamente mediante el uso de plataformas tecnológicas y sus dispositivos han contratado con el usuario la prestación del servicio y que se caracteriza por no estar sujeta a itinerarios, rutas, frecuencias, ni horarios fijos.
La iniciativa detalla que la prestación de este servicio será a través de un permiso, del que no precisa costo, pero que puede ser solicitado por personas físicas o jurídico colectivas, pero con un determinado número de unidades, el cual será establecido en la reglamentación de la norma y la cual corresponde al gobierno estatal.
Obliga a la persona física o al colectivo a tener un lugar sede, como principal asiento de la prestación del servicio.
Contempla una multa por la prestación del servicio público de transporte o el servicio especial de transporte ejecutivo, sin contar con la concesión o el permiso correspondiente de 200 a 700 salarios mínimos, es decir, de 14 mil 800 pesos a 51 mil 800 pesos.