El nuevo sistema penal acusatorio tendrá su hora cero este lunes en nueve entidades del País, incluidas la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México.
El nuevo sistema comenzará a aplicar para delitos federales, en lo que supone es el mayor reto para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la PGR desde que la reforma fue publicada en junio de 2008.
El CJF publicó el viernes pasado los acuerdos de creación de 11 centros de justicia penal federal, cada uno con tres jueces, pues en la capital habrá en cada uno de los tres reclusorios federales.
El costo global de las obras, contratadas por adjudicación directa por falta de tiempo, será de 915 millones de pesos.
Un informe ejecutivo del CJF indica que, al cierre de enero, se había ejercido el 50% de los casi 150 millones de pesos asignados a las obras en Ciudad de México, 46% de lo previsto en Aguascalientes y 45% en Colima.
Quintana Roo presentaba menos de 40%; Morelos el 33%; Tabasco 35%; Hidalgo el 51%; Nuevo León, con sede en Cadereyta, el 67% sobre 207 millones de pesos; y el Estado de México, que está en Nezahualcóyotl, tenía casi 100% en una obra de solo 18 millones de pesos para una sala oral.
Reforma publicó el 22 de febrero que los tres centros de la Ciudad de México están lejos de ser concluidos, no obstante que a partir de ese día tenían su nombramiento los nuevos jueces.
Los edificios apenas empezaron a construirse en septiembre.
Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura, dijo entonces que por ahora funcionará una sala de juicio oral en cada centro de justicia en la capital del País y que la infraestructura no será un obstáculo para la entrada en vigor del nuevo sistema.
“En cuatro meses es imposible que culmines un procedimiento de licitación y luego empieces, tras la adjudicación, la obra; es imposible.
Estamos condicionados por cumplir en tiempo lo que estableció la Constitución. Eso justifica (las adjudicaciones directas), es materialmente imposible hacerlo de otra forma”, dijo el consejero.
La construcción a marchas forzadas no ha sido el único problema, pues en enero también se tuvieron que licitar las soluciones tecnológicas y administrativas que permiten el uso de las salas orales, así como las compras de mobiliarios y equipos.
Capacitan a personal de cárceles
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) capacitó a 181 funcionarios penitenciarios sobre principios del nuevo sistema de justicia penal, como parte de la nueva Estrategia para la Transformación del Sistema Penitenciario.
La CNS dijo que los funcionarios concluyeron el curso sobre el Sistema Penal Acusatorio y el Protocolo Nacional del Primer Respondiente, en las instalaciones de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, en Xalapa, Veracruz.
“(El curso) permitió a los participantes conocer los principios del sistema y los alcances del Protocolo, el cual señala cómo debe de actuar un elemento de guarda y custodia cuando se den hechos delictivos al interior de una cárcel, ya sea federal, estatal o municipal”, señaló.
Entre las actividades académicas, que duraron 84 horas repartidas en dos semanas, también se impartieron talleres prácticos consistentes en la simulación de hechos delictivos en espacios abiertos y cerrados.
Se capacitó a funcionarios del sistema penitenciario en Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Fue impartido por un grupo de formadores del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la CNS, quienes son docentes certificados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema (Setec).
“(Los formadores) realizaron una jornada especial de evaluación a todos los participantes, con el fin de obtener la certificación para la docencia de este protocolo, lo que les permitirá impartir el curso recibido en sus estados”, añadió.