El castigo que en Guanajuato recibe un policía ministerial por filtrar información a la delincuencia organizada, es de apenas tres años y 5 meses de inhabilitación.
Mientras que la sanción administrativa que la Procuraduría General de Justicia del Estado impone a un agente del Ministerio Público por peculado, al haberle comprobado que robó dinero público, es la suspensión por tres años para ocupar cargos públicos.
Una vez cumplida la inhabilitación, la ley permite que ambos funcionarios puedan reincorporarse como servidores públicos, pese a la gravedad de su falta.
Ambas sanciones comenzaron a correr luego de que entraran en vigor reformas y hasta una nueva ley estatal, con las que se pretendían endurecer las penas contra funcionarios corruptos.
El 21 de septiembre del año pasado, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que duplica las penas a funcionarios públicos.
Pero las bondades de esta nueva disposición no se aplicarán desde el primer acto de deshonestidad, sino hasta que el servidor público cometa la falta en más de una ocasión: “La reincidencia de la conducta cometida por el infractor, agravará la sanción impuesta hasta el doble de la correspondiente”, menciona el último párrafo adicionado al Artículo 22 de dicha ley.
Quedan cortas reformas
Y para eficientar la fiscalización de los recursos públicos a través de auditorías simultáneas y en tiempo útil, el mismo 21 de septiembre se aprobó una nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, que da facultades a la Auditoría Superior del Estado (antes Órgano de Fiscalización Superior) para que solicite información a los sujetos fiscalizados (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos y los 46 municipios).
Con la nueva ley, los sujetos fiscalizados quedan obligados también a presentar su información financiera cada tres meses a fin de que puedan regularizarse antes de la presentación pública anual, la cual es revisada por la propia Auditoría Superior.
Además, todos los sujetos fiscalizados sólo tienen 10 días para resolver las observaciones que se les hayan realizado.
Pero las sanciones contra los funcionarios que hayan cometido una irregularidad, sigue siendo responsabilidad de los órganos de control de cada poder, organismo o Municipio.
Se trata de la Secretaría de la Transparencia, la contraloría interna del Poder Legislativo, el Consejo del Poder Judicial y las contralorías internas de los organismos autónomos y los municipios.
¿Cómo se castiga?
Sobre cómo se determinan las penas para los funcionarios públicos que cometieron una irregularidad, Eduardo Aboytes Arredondo, director general de Apoyo Parlamentario del Congreso estatal, explicó: “Va de un mínimo a un máximo para la aplicación de la sanción y quien aplica las sanciones va a decir en razón a cuánto se le va a aplicar. El juzgador o quien aplique las sanciones debe tomar en cuenta varios factores, como las circunstancias personales, las que rodearon el hecho, el cargo que ocupa y con base en esto se aplica la sanción”.
Detalló que los juzgadores individualizan las penas y toman en cuenta las circunstancias, participación y jerarquía del servidor público, quien una vez que cumplió su sanción o inhabilitación, puede regresar a trabajar.
Así, las penas impuestas a los funcionarios son responsabilidad en su totalidad de sus órganos de control. “Las normas están dadas, la normatividad está bien prevista en las leyes y existen entidades que habrán de aplicar la ley, a quien le compete. El Congreso del Estado ha cumplido en razón de poner las reglas claras, ahí están las leyes a quien les corresponde las leyes, ahí está el instrumento”, concluyó Aboytes.
Casos graves
El año pasado la Secretaría de la Transparencia determinó la sanción de 108 funcionarios, de los cuales 30 fueron inhabilitados por faltas graves.
La mayoría de las inhabilitaciones fueron por seis meses.
El mayor castigo se aplicó a un policía ministerial que había sido detenido como supuesto integrante de una célula de la organización criminal conocida como ‘La Familia Michoacana’.
Aunque la detención del agente ocurrió en diciembre de 2011, fue hasta septiembre de 2015 cuando se determinó la sanción.
El castigo fue una inhabilitación de 42 meses, la cual se cumplirá el 29 de marzo de 2019.
De acuerdo con la ley, a partir de esa fecha estará facultado para reintegrarse a algún cargo público.
En la ficha de inhabilitación se menciona que el castigo es “por filtrar información a grupos de la delincuencia organizada”.
Un comunicado difundido el día de la detención, menciona que el agente fue contactado por el grupo criminal “con la finalidad de que se les diera toda la información relacionada con operativos”.
Junto con otros ex agentes, “aportaban información relacionada con su área de trabajo, dando detalles de operativos y avisando de la presencia policiaca”, menciona el comunicado.
Otro funcionario de la Procuraduría inhabilitado es un agente del Ministerio Público asignado a Celaya, por el delito de peculado (robo de recursos públicos).
La inhabilitación fue por tres años, a partir del 10 de noviembre de 2015.
También fueron inhabilitados dos agentes ministeriales por un año y otro por seis meses. La Secretaría de la Transparencia no precisó la causa de la sanción.
Borran nombres de la ‘lista negra’
Las sanciones a los elementos de la Procuraduría de Justicia, como las del resto de los funcionarios públicos destituidos o inhabilitados en el Estado, son enviadas por los órganos de control a la Secretaría de Transparencia para que se concentre en un solo registro.
A partir de septiembre del 2012, dicha dependencia es la encargada de expedir constancias de registros de antecedentes administrativos o no sanciones de funcionarios, lo anterior, para evitar que por falta de coordinación, un funcionario sancionado se coloque en otra dependencia.
“Antes de septiembre del 2012 cada autoridad tenía su registro, no había esa centralización, ¿cuál era el riesgo? Que alguien que hubiera sido sancionado, vamos a suponer, en el Instituto Electoral, después podía irse a trabajar al Poder Judicial”, explicó el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia, Rodrigo Sierra Ortiz.
A excepción del Poder Ejecutivo donde la Secretaría de Transparencia es el órgano interno encargado de sancionar, el resto de los poderes, organismos autónomos y municipios, sancionan a sus propios servidores públicos, detalló.
A través del área de Comunicación de la Procuraduría de Justicia del Estado, se solicitó conocer el motivo por el que la sanción aplicada a un policía ministerial coludido con el crimen no supera los 3 años y medio de inhabilitación, pero no hubo respuesta.
Además, los funcionarios que fueron sancionados, pueden solicitar una cancelación y son bajados del sistema, gracias al derecho de cancelación previsto en el Artículo 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
“La actualización es diaria, hay un derecho de las personas sancionadas, si transcurre un año y no causó daño o no obtuvo un beneficio personal, cubrió la sanción y pasó el término de su sanción tiene un derecho, que es a cancelar que ya no esté inscrito su nombre en ese registro”, enfatizó Rodrigo Sierra.
Ocultan delitos
Nexos con el crimen, peculado, ejercicio indebido de recursos, abuso del cargo, ausentarse de sus labores sin justificación, falta de veracidad en los informes, son conductas que las autoridades de Guanajuato no están obligadas a difundir cuando sancionan a sus funcionarios.
En una revisón realizada por AM de 30 funcionarios inhabilitados y destituidos del 2015, AM detectó que sólo en 5 casos se difundió la causa.
La propia Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no obliga a difundir datos de los sancionados.
“La obligación legal nada más es el nombre, lo demás nosotros lo hicimos en un ejercicio de transparencia y de apertura de datos abiertos, sí están las causas, la mayoría está. Si hay alguna que no estuviera y que no perteneciera a Poder Ejecutivo, se la daría la autoridad que fuera (responsable de sancionar)”, detalló Rodrigo Sierra.
Tardan cuatro años para sancionar
El subsecretario de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, Ángel Isidro Macias Barrón, explicó que los procesos contra funcionarios por faltas administrativas pueden llevar un tiempo prolongado que se puede extender por años.
Dijo que una vez que la Secretaria de Transparencia inicia un procedimiento administrativo de responsabilidad, el servidor público puede impugnar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, continuar en una segunda instancia y hasta llegar al amparo, por lo que el proceso se puede llevar algunos años.
Ejemplo de ello es la sanción a un ex funcionario de la pasada administración estatal.
El castigo se aplicó cuatro años después de cometer las faltas y dos después de jubilarse.
El mencionado funcionario es Eduardo Velázquez Ortiz, quien ocupaba la dirección general de inversiones en la Secretaría de Finanzas, quien de acuerdo a datos de la Secretaría de la Transparencia tras 30 años de servicio y fue sancionado dos años después, hasta 2015, por cometer una falta administrativa en diferentes programas federales, al no acatar la normativa prevista para el uso de recursos públicos. Es decir, acordó el traspaso de recursos de programa a otro en diferentes ocasiones.
Al respecto, Macías Barrón explicó que se le aplicaron 11 inhabilitaciones y que el funcionario se desempeñó como director general de Inversiones. Además, se jubiló un año antes de que terminará el sexenio de Juan Manuel Oliva.
Y ni siquiera las once inhabilitaciones de un año cada una, que recibió por parte de la Secretaría de la Transparencia se juntarían para completar una sanción de 11 años, ya que por tratarse de diferentes programas, todas las sanciones se cumplirían en un mismo año.
Por dependencia…
Algunas dependencias de Gobierno con funcionarios inhabilitados en 2015, por faltas graves:
Secretaría de Finanzas
Un director de área inhabilitado un año por 11 faltas.
Jefe de oficina recaudadora inhabilitado 6 meses
2 cajeras inhabilitadas 6 meses
Un jefe de departamento, un año
Un auxiliar por un año y otros dos por 6 meses
Procuraduría General de Justicia del Estado
1 agente ministerial inhabilitado por 42 meses
1 agente suspendido 6 meses
2 agentes por 12 meses
1 agente ministerial por 3 años
Instituto de Salud Pública del Estado
1 enfermera destituida por ejercicio indebido en su cargo.
Secretaría de Seguridad Pública
1 auxiliar destituido
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
1 funcionario inhabilitado 6 meses