Cuando se dio a conocer el tema de “los moches” durante la administración pasada, los partidos de oposición debieron señalar que hubiera sanciones, e incluso darle seguimiento en el presente gobierno.
José Luis Romero Hicks, presidente de la Asociación Colosio en Guanajuato, manifestó que no sólo basta reprobar los hechos públicamente, sino señalar lo que se está haciendo mal.
“Evidentemente en mi diario ético, en el supuesto de que un funcionario reciba un beneficio por conseguir al municipio algún tipo de beneficio, de transferencias fiscales federales, me parece a todas luces que es cuando menos inmoral.
“Más allá de la sanción pública o escarnio público, me parece que debería haber los elementos para que en su momento un fiscal pueda perseguir y procesar con el respaldo de una investigación, si en efecto la conducta políticamente denunciando corresponde a una violación de tipo administrativa o penal”, mencionó Romero Hicks.
Dijo que ese, por ejemplo es uno de los temas que la sociedad no debe olvidar, y en general todo lo que englobe el tema de corrupción, pues debe haber sanciones.
“Creo yo, que tenemos que discutir como sociedad, si eso correspondió a una conducta ilícita, ilegal, sancionable por la vía administrativa o penal”, mencionó.
Y por ello debe haber una reforma a la legislación, porque cuando se señalan actos de corrupción debe haber castigo para el gobernante pero también el beneficiado, pues es conspirar para realizar actos ilegales, sin embargo, esto aún no sucede en México.
“Existe la conspiración para cometer actos de corrupción, el hecho de conspirar para arreglar una licitación, el sólo hecho de conspirar se debe de castigar al funcionario público y el que participa. Debe haber un fiscal anticorrupción, legislar varias conductas que pudieran considerar una falta administrativa o que sea un delito”, señaló.