El Tribunal Estatal Electoral duplicó su número de plazas y otorgó un incremento de 20% a sus magistrados.

AM hizo un comparativo del presupuesto que recibió el Tribunal en 2014 -cuando no fue año electoral- con el que se aprobó para 2016, y encontró que el incremento es superior al 85%.

En 2014 el Tribunal recibió 24 millones 673 mil pesos, mientras que en 2016 recibirá 45 millones 791 mil pesos.

El aumento en el presupuesto fue para cubrir más plazas.

De 23 personas que trabajaban en el Tribunal en 2014, la nómina creció este año a más del doble, al sumar 51 empleados.

Entre las plazas destacan 18 secretarios. 

Gozan salario de Gobernador 

 

De acuerdo al tabulador de salarios del Tribunal, un magistrado tiene un sueldo bruto (sin deducciones) de  173 mil 946 pesos mensuales.

El año pasado, el sueldo de cada magistrado era de 145 mil 220 pesos y en 2014 ganaban 138 mil.

El incremento que este año se otorgó a los sueldos de los magistrados fue del 20%, mientras que el resto de los funcionarios de alto nivel del estado sólo tuvieron un aumento de entre el 2 y el 5%.

Con el aumento, los magistrados tienen ahora un sueldo similar al de algunos gobernadores del país, como el de Coahuila, y por encima de lo que ganan los mandatarios de Jalisco y Puebla. 

Encabezan el bajío

 

Además, en un comparativo con tribunales electorales del bajío, se encontró que los magistrados de Guanajuato son los que mejor ganan.

Por ejemplo, un magistrado de Querétaro gana 134 mil 456 pesos y uno de  Zacatecas obtiene ingresos por 93 mil 723 pesos.

En Aguascalientes no tienen un órgano autónomo, sino una Sala Administrativa y Electoral que depende del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados de esta sala ganan 81 mil pesos. 

Mientras que en San Luis Potosí un magistrado del Tribunal Electoral gana 65 mil 422 pesos.  

El Tribunal de Guanajuato no sólo tiene los magistrados mejor pagados, también cuenta con el presupuesto más alto con 45.7 millones.

El presupuesto del Tribunal de San Luis Potosí es de 22 millones  y el de Querétaro recibe 21 millones de pesos. 

Mientras que al Tribunal de Zacatecas se le asignó un presupuesto de 33 millones.

Cada uno de los tres magistrados de Guanajuato tiene asignado un auto Malibú, con chofer. 

¿Qué hace el Tribunal?

 

El objetivo del Tribunal es garantizar y defender los derechos político-electorales de la población, a través de demandas presentadas por partidos, militantes, dirigentes  y ciudadanos, además de resolver conflictos laborales que surjan entre órganos electorales y su personal administrativo.

La autoridad del Tribunal son tres magistrados, quienes son responsables resolver las demandas e impugnaciones interpuestas.

El tribunal atiende 4 rubros de demandas: 

1.- Recurso de Revisión, son aquellas que presentan los partidos políticos y candidatos por inconformidad en resultados  electorales.

2.- Procesos Especiales, que sanciona cualquier acto anticipado de campaña o propaganda gubernamental, así como el uso inadecuado de recursos públicos durante campañas. 

3.- Juicios para la protección de los derechos Político-Electorales del ciudadano, que se inician a partir de quejas de ciudadanos o militantes de partidos.

4.- Juicios laborales promovidos por personal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y del Tribunal. 

Resoluciones caras

 

Cada proceso de resolución de las demandas atendidas por el Tribunal en temporada electoral le cuestan a los guanajuatenses en promedio 385 mil 600 pesos, tomando de referencia los datos de los comicios de 2012 y 2015.

Mientras que en los años sin elecciones (2013 y 2014), aumentó el costo de las resoluciones.

En 2012 -año de elecciones- se presentaron 171 demandas. 

Para 2013 sólo se dio trámite a 13 procesos, mientras que en 2014 el Tribunal recibió 37 trámites; ambos años no fueron de elecciones.

Al cierre de septiembre del 2015 en que hubo elecciones, el Tribunal Electoral atendió 231 denuncias. 

El costo por cada resolución fue de 664 mil pesos en 2014 (que no fue año electoral) y de 231 mil pesos en 2015 (que sí hubo elecciones).

En lo que va del 2016 se dio resolución a otras 10 demandas y están en trámite 21.  

Defiende incremento

 

En entrevista con el Magistrado Presidente, Ignacio Cruz Puga, en relación al costo de las resoluciones, manifestó que el enfoque cuantitativo no sería el más adecuado para atender una cuestión cualitativa, ya que el presupuesto está planeado para la operación del Tribunal, sin importar las demandas que se resuelvan.

Cruz Puga reconoció que en los años no electorales la actividad jurisdiccional disminuía drásticamente, pero a partir de la incorporación del Juicio para la Protección de los Derechos Político-electorales del ciudadano, el trabajo se incrementó.

Lo anterior, porque estos juicios se presentan durante todo el año, sin importar si es electoral o no.

El Magistrado mencionó que también demandan tiempo las capacitaciones constantes con el personal y las impugnaciones ante las instancias federales. 

“En 2014 la actividad primordial que tomó el Tribunal, fue gran inversión de tiempo en apoyar las tareas legislativas en la conformación de la nueva legislación en colaboración con el Congreso del Estado, sobre todo en el diseño de la reforma a nivel institucional como en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado”. 

Aunque el proceso electoral concluyó en septiembre del año pasado, manifestó que el Tribunal sigue en actividad constante, pues al a la fecha han resuelto 10 asuntos mientras que en trámite atienden 21.

Contratan especialistas

 

Referente al incremento de la nómina, Ignacio Cruz Puga explicó que es todo un equipo especializado quien lleva el proceso de una demanda, hasta determinar una resolución.

Por ello, se buscó en la legislación establecer las bases para que el Tribunal estuviera debidamente constituido, solido, que contará con personal especializado para que no hubiera rotación de abogados litigantes o personal del Poder Judicial que apoyara en otros procesos.

 ‘No se justifica el alza’

Claudia Herrera, delegada nacional del Partido Encuentro Social, expresó no existe alguna justificación para el aumento presupuestal al Tribunal Electoral.

Dijo que se necesitan establecer candados legales para el financiamiento de órganos de gobierno, así como la autorización de salarios justos a la realidad política, social y económica de cada estado. 

Eduardo Ramírez Pérez, coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, señaló a los diputados como responsables de autorizar los recursos públicos al Tribunal, sin un análisis de fondo.

Mencionó que los legisladores deben analizar los proyectos y programas a los cuales están destinados los recursos públicos, y sobre todo que exista una justificación adecuada, para no afectar a la ciudadanía.

 Reprocha incremento exagerado

El dirigente municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, mencionó que no se puede medir el trabajo del Tribunal por la cantidad de resoluciones, porque realiza distintas tareas todo el año.

Sin embargo, consideró que un aumento al presupuesto de acuerdo a la inflación es justificable, más no el aumento drástico de un año a otro.

Ling Altamirano señaló que son los diputados locales los responsables de revisar los presupuestos, porque los órganos se pueden justificar que es el Congreso es quien autoriza el recurso. 

El dirigente municipal dijo que el tema de los salarios se debe analizar en cuanto al personal que se ocupa en un año electoral y cuando no hay elecciones para ajustar el presupuesto.  

Sorprende incremento

El Dirigente Municipal del PRI, José Pedroza Cobián, se mostró sorprendido al saber del incremento al presupuesto del Tribunal Estatal Electoral. 

“Se debería revisar el objeto del recurso, espero tenga que ver con el fortalecimiento de estructura, solo así se entendería un gasto tan alto”, dijo el líder priísta.

“Si todo (el incremento) fuera a una partida de gasto corriente o sólo a salarios, sin duda estaríamos ante algo muy preocupante”.

Pedroza Cobián mencionó que el Tribunal puede atender distintos juicios, no solamente en  época electoral, sobre todo lo que tenga que ver con la vida interna de los partidos políticos.

Sin embargo, dijo no creer que sean demasiados los procesos que atienda el Tribunal, ya que los partidos políticos tienen sus propios órganos internos y de control, sobre todo luego de la reforma electoral, por lo que aminoran aún más las actividades del órgano. 

“Es momento oportuno de pedir al Congreso del Estado, por ser la instancia adecuada, que revise los últimos ejercicios fiscales del Tribunal Electoral, el tema de gasto corriente y la adecuación de sueldo y salarios, pues mucho de esos salarios rebasan la realidad e incluso sus índices en otras áreas”. 

El dirigente municipal comentó que es necesario pedir al Congreso  que intervenga para lograr una buena administración y transparentar el uso de los recursos.

Pidió que se explique el incremento de 85% en el presupuesto entre dos años no electorales.

‘Se necesita revisar gasto’

El dirigente estatal del PRD, Baltazar Zamudio Cortés, consideró que se disparó la actividad del Tribunal Estatal Electoral, porque cada vez más ciudadanos se acercan a interponer denuncias.

Sin embargo, aseguró que no hay posibilidades de justificar  el incremento al presupuesto. 

“Una revisión fría, es viendo la actividad de manera ordinaria que desahoga el Tribunal en año electoral frente a un año no electoral, creo que eso ya habla por sí solo de una necesidad de revisión por el incremento (del 85% al presupuesto) de esas características”.

El dirigente manifestó que la eficiencia y eficacia del Tribunal ha dejado mucho que desear, pues aseguró que para obtener algún resultado diferente, se tiene que acudir al Tribunal Federal. 

Zamudio Cortés comentó es un tema que debe ser considerado por el Congreso del Estado para efecto de una revisión profunda.  

‘Se adaptan a reforma’

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Carlos Chacón, consideró que en el Tribunal Estatal Electoral se está apostando al asunto de experimentar, equivocarse y rectificar, porque las reglas de la reforma electoral son muy complejas y difíciles de operar.

Lo anterior ha dado más trabajo al Tribunal y a los partidos políticos., dijo Chacón. 

Opinó que pudiera justificarse el aumento al Tribunal, a reserva que se haga una revisión.

El líder del Partido Verde se abstuvo de dar una opinión más a fondo del incremento al gasto del Tribunal, con el argumento de que no tiene información suficiente.

Achacan alza a reforma electoral

La diputada Beatriz Manrique Guevara argumentó que el aumento al presupuesto del Tribunal fue consecuencia de la reforma electoral, pues exigía personal capacitado y la infraestructura de una sala de trabajo. 

Por lo que gran parte del dinero se destinó a la contratación de 28 nuevos empleados, en su mayoría secretarios, como lo señala la reforma y una sala nueva de trabajo con equipamiento.

“Pareciera que es un Tribunal caro, no se comete un error al afirmarlo, pero no le veo una salida a este tema, porque los abogados que se especializan en este tema electoral no tendrían otra opción y entonces tendríamos estándares muy bajos si sólo se contratara a cualquier abogado sólo para las elecciones”

La vocal de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Gobernación en el Congreso aseguró que se valoró al personal especializado, dándoles certeza laboral para que no trabajaran como eventuales. 

La legisladora explicó que el Tribunal realizó su proyección justificada para el presupuesto 2016, donde se discutió en comisión previas a mesa de trabajo y se aprobó en el pleno.

Aprobación a ciegas

 

La también legisladora Guadalupe Velázquez Díaz explicó que las partidas sugeridas por el Tribunal Estatal Electoral para la aprobación del presupuesto, se analizan  y se aprueban en lo general, pues el desglose de las partidas para lo que invertirá no son claras. 

“El documento (propuesta de partidas) como tal, no viene muy específico, por eso se aprueban en lo general por los legisladores, después el Poder Ejecutivo genera las partidas en lo individual en cómo se van a gastar el presupuesto”.

Expresó que hay una disyuntiva entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ya que tendrían que tener los legisladores una amplia información de las partidas (metas y proyectos) para poder tomar mejores decisiones en la aprobación del presupuesto.  

Mencionó que se deberá analiza y justificar en lo particular por qué se incrementaron las plazas laborales del Tribunal Electoral, esperando no sean espacios o plazas para llenar.

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