En materia de seguridad, los municipios han acatado todas las recomendaciones que realizó la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) en 2015; el 99.27% de las recomendaciones emitidas fueron aceptadas por los gobiernos.
A pocos meses de cerrar su segundo periodo al frente de esta dependencia, Gustavo Rodríguez Junquera compartió los avances en el último año.
Uno de ellos es que los municipios han aceptado las recomendaciones, pero no sólo eso, casi el 60% de éstas las han cumplido.
De 545 recomendaciones emitidas, 250 iban a autoridades estatales y 295 a municipales.
Después de presentar su informe de 2015, y a menos de ocho meses de dejar el cargo, el Procurador, habla también de los pendientes que hay.
¿En qué avanzó Guanajuato en el último año en derechos humanos?
Hay cifras históricas que vamos, estamos ciertos que atrás de cada cifra hay una persona y familia en la que pudimos haber ayudado.
En 2015 aperturamos mil 158 expedientes de quejas, de lo que más se quejan es de las direcciones de Policía, el 30.8%, y después la Procuraduría con 18.59%, y después la Secretaría de Seguridad, 14.16%, y autoridades federales con el 13%.
Una de las cifras históricas es que alcanzamos el 99.27% de aceptación, una cifra que no habíamos tenido y que es referente a nivel nacional.
El grado de cumplimiento de estas recomendaciones aceptadas es de casi el 60% una cifra que no habíamos alcanzado; el número de servidores públicos sancionados en este periodo fueron 78 servidores sancionados.
¿Cuál es el municipio con más quejas?
Es el municipio de León, después Irapuato y Celaya; de estas 545 recomendaciones, 227 son para las direcciones de Seguridad.
Las autoridades estatales y municipales están aceptando las recomendaciones y se vienen cumpliendo en un grado conveniente, siempre quisiéramos que fuera automático y entendemos que esto lleva un proceso, tiempo, y nosotros no cerramos el expediente hasta que no se acata.
¿Qué ha recomendado al municipio de León en el área de seguridad?
Hemos recomendado por el uso arbitrario de la fuerza, por parte de la Policía, y detenciones arbitrarias, y nos hemos metido muy fuerte a capacitar a los policías, y tenemos de 2010 a 2015 una reducción de 30% de las quejas de los ciudadanos en contra de los policías.
¿Hay apertura de las autoridades para cambiar lo que se está haciendo mal?
La verdad es que he sentido una gran apertura, claro que llegamos a incomodar, pero es parte de la función, lo importante es que sucedan las cosas y que escuchen a la Procuraduría.
Nos costaba entrar a los Ceresos y meter nuestros instrumentos de trabajo, ahora podemos pasarnos el protocolo de revisión al que nos sometemos, pero podemos pasar computadoras.
Está por terminar su periodo al frente de la Procuraduría, ¿Qué pendientes se quedan?
Los derechos humanos siguen siendo una tarea inacabada, todos los días tenemos proyectos que tenemos que aterrizar; la plataforma informática, adecuaciones normativas a la Procuraduría, expedientes que concluir, tenemos que seguir trabajando donde hemos hecho una gran alianza.
Con el Congreso local, ¿qué pendiente se queda?
Seguiremos trabajando con la comisión, la Procuraduría no tiene la facultad de iniciativa, pero a través de la comisión hemos ingresado todas nuestras propuestas; el Congreso es un aliado y contrapeso frente a los poderes. Estaremos con el pie en el acelerador.
En junio el Sistema de Justicia Penal Acusatorio entra en función en la Cuarta Región, entre ellos León. ¿Qué papel tendrá la Procuraduría?
Siempre vigilante respecto a los derechos, pero sobre todo nuestra entrada de justicia penal, donde haya niños, niñas y adolescentes siempre en protección a sus derechos de forma integral. Era distante esa parte en el anterior sistema de justicia.
Si bien es más garantista para la persona señalada en este nuevo sistema, tiene un papel preponderante con la reparación del daño, tendremos que revisar si es necesario hacer alguna adecuación.