El tiempo se agotó para los Municipios que han incumplido con su obligación de difundir el manejo de los recursos públicos y que hasta ahora, no han recibido ninguna sanción.
Con la aprobación de la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a finales de mayo, la cual vendrá a armonizarse con la Ley General de Transparencia, se pretende reducir la corrupción e inhibir las prácticas desleales de los servidores públicos.
Tan importante es esta ley, que ayudará a frenar la opacidad en que incurren la mayoría de los gobiernos municipales.
Al día de hoy, de los 46 municipios del estado sólo Celaya y San Miguel de Allende se preocuparon por actualizar la información financiera que obligatoriamente tendrían qué difundir.
Esperan nueva Ley
Amparados con la armonización de la nueva ley, el resto de los municipios no cuenta con datos de su cuenta pública vigentes en sus portales oficiales. Otros municipios apenas tienen información de 2012 y 2013 y algunos ni siquiera tienen una página de internet donde difundirla.
El artículo 58 de la Ley de Contabilidad Gubernamental obliga a los municipios a publicar en internet su información financiera, por lo menos cada tres meses.
El documento de la cuenta pública se rinde en forma parcial cada mes, y al final del ejercicio fiscal se presentan los resultados. Incluye ingresos recaudados y de financiamiento, el gasto público y el uso y aprovechamiento de los bienes patrimoniales.
Para conocer la situación financiera de los 46 municipios, AM revisó sus páginas oficiales. La revisión realizada a finales de abril, arrojó que 9 municipios ni siquiera tienen sitio oficial, aunque dos (Apaseo el Alto y Pénjamo tienen páginas en construcción).
En el caso de León, el último informe financiero en internet es de diciembre de 2015 y el reporte presupuestal es de enero de este año. Su página indica que la actualización se llevaría a cabo del 15 al 20 de abril, pero no lo cumplió.
En Irapuato, la página sólo cuenta con la cuenta pública hasta octubre de 2015.
Con 4 años de retraso
En San José Iturbide, la última actualización de documentos de la cuenta pública fue hasta 2012 y en Doctor Mora en 2013. Jerécuaro sólo tiene 3 meses de información del 2015.
En el resto de los municipios del estado, si bien tienen un apartado de Transparencia, no existen datos de la cuenta pública.
El director de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto de Acceso a la Información Pública, José Alfredo Alcantar Mejía, reconoció que los Municipios argumentan que están esperando la armonización de la ley para subir la información financiera completa.
Hay excepciones, como San Miguel de Allende, en donde sí se trabaja por mantener la actualización de los datos de la cuenta pública.
“Con un firme objetivo de que un ciudadano informado es un ciudadano que está constantemente participando, la información para el ciudadano en este sentido es una doble responsabilidad, primero como contribuyente y luego como votante y por eso se le trata de acercar más la información posible, guardando las debidas restricciones que la ley estables”, consideró Juan Manuel Mesita Colorado, titular de la Unidad de Acceso a la Información de San Miguel.
¿Qué se transparenta ahora?
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 12, obliga actualmente a que la siguiente información sea pública de oficio:
Las leyes, reglamentos, decretos, circulares.
El directorio de servidores
públicos, desde el nivel de jefe de departamento.
El tabulador mensual de sueldos.
El sistema de premios
o recompensas.
Los gastos de representación.
Los indicadores de gestión y metas.
La cuenta pública
y el presupuesto.
Los destinatarios de recursos públicos.
La venta de bienes.
Los subsidios.
Los resultados finales
de auditorías.
Reglas para otorgar concesiones, licencias, permisos
o autorizaciones.
El padrón inmobiliario y mobiliario
El listado de las convocatorias a concursos y subastas.
Los informes de Gobierno.
¿Qué se abrirá?
Cuando en mayo se apruebe la iniciativa de Ley de Transparencia, y las reformas a la Ley de Protección de Datos Personales, se añadirán las siguientes obligaciones de información, que los municipios deberán publicar en internet:
La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable.
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos.
Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales.
Los recursos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos.
El listado de las personas servidoras públicas con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición.
La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluidos contratos.
Las recomendaciones emitidas por los órganos de los derechos humanos.
Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio.
Los estudios financiados con recursos públicos.
El listado de personas jubiladas y pensionadas y el monto que reciben.
Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las personas responsables de recibirlos.
Donaciones hechas a terceras personas en dinero o en especie.
Carecen de armas para sancionar
Al Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), le toca vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
Pero hasta ahora le ha resultado imposible sancionar el incumplimiento de la ley debido a que el Instituto sólo emite recomendaciones derivadas de medios de impugnación que presentan los ciudadanos y de verificaciones que ha realizado su personal.
Sin embargo, en sus lineamientos técnicos para la homologación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, incluye artículos transitorios en los que se establece que una vez que entre en vigor la ley estatal, se llevará a cabo una verificación del cumplimiento de las obligaciones en un término de 6 meses, y habrá otros 6 meses para subsanar las observaciones.
“Después de los 180 días después de la primera verificación, si vemos que no cumplen, ahí entramos con sanciones. En una segunda verificación se puede sancionar de manera inmediata”, explicó Alcantar Mejía.
La iniciativa de la nueva Ley de Transparencia del estado, contempla sanciones hasta por mil 500 salarios mínimios y denuncias penales contra funcionarios que incumplan sus obligaciones en materia de Transparencia.
De acuerdo a dichos lineamientos, los sujetos obligados tendrán el término de 180 días para subir toda la información pública de oficio, no sólo a su portal de Transparencia, sino a una plataforma nacional a través de formatos que emita el Sistema Nacional de Transparencia.
“Dejando fuera los municipios, los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos tienen qué iniciar de cero y cuánta información tienen qué subir, y tendrán que subirla a partir de mayo del 2015 a mayo del 2016 y es un mundo de información”, advirtió José Alfredo Alcantar.
Aumentan obligaciones para Municipios
La diputada del PAN, María Beatriz Hernández Cruz, integrante de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, destacó las bondades de la nueva Ley de Transparencia, cuyo dictamen será aprobado a más tardar a finales de mayo.
“Las diferencias que existen en esta iniciativa y (la actual Ley) es que estamos luchando contra la corrupción. Lo más interesante es que todos los acuerdos de los ayuntamientos, las resoluciones de los ayuntamientos, serán públicas. Las actas de sesiones de las comisiones de los ayuntamientos en sus sesiones ordinarias también, los tabuladores de los directores de todo el servidor público y las direcciones serán públicos.
“También las contrataciones, las licitaciones, las adjudicaciones; a qué proveedor o a qué prestador de servicio (se le contrata) también deben ser públicos, los planes municipales, el presupuesto de egresos, la lista de las expropiaciones que pudieran existir, usos de suelo que se vayan autorizando, las licencias de construcción, entre otros. Quiere decir que habrá y debe existir total transparencia”, detalló la legisladora.
Una vez que vence el plazo de la aprobación del dictamen, la nueva ley entra en vigor al día siguiente de su publicación, detalló.