El tiempo no ha nublado el recuerdo que tiene Gustavo Molfino de la frenética conversación telefónica del 12 de junio de 1980. “Sálvate porque tienes la vida por delante”, le dijo su madre ese día. Momentos después, agentes militares la secuestraron en Perú y después la mataron.
La madre de Molfino, Noemí Gianotti de Molfino, una argentina de 54 años, fue víctima de la Operación Cóndor, un plan diseñado por seis gobiernos militares sudamericanos en los 1970 para perseguir y eliminar a los disidentes de izquierda más allá de las fronteras nacionales.
En un juicio emblemático que se extendió tres años e implicó los casos de más de 100 víctimas, el viernes, un panel de cuatro magistrados halló culpables y sentenció a 15 exoficiales militares de Argentina por su papel en la Operación Cóndor, una estrategia de secuestros, torturas y asesinatos. A uno de los acusados lo condenaron por cargos distintos a los del caso Cóndor, el más grande, y a dos los encontraron inocentes.
Los veredictos de culpabilidad sentaron un poderoso precedente: por primera vez, un tribunal en la región falló que los dirigentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay habían trabajado juntos en una conspiración criminal para toda la región contra sus oponentes, algunos de los cuales habían huido a exiliarse en países vecinos, en una época de dictaduras militares en los 1970 y 1980.
“Por primera vez, existe una verdad legal que demuestra abrumadoramente lo que está escrito en los libros de historia”, dijo Gastón Chillier, el director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales. El Centro es una organización de derechos humanos que fue parte en la causa junto con los familiares de las víctimas, como lo permiten las leyes argentinas.
El juez Oscar R. Amirante les leyó el veredicto a los acusados el viernes, incluido Reynaldo Bignone, el último dictador de Argentina de 1982 a 1983, a quien sentenciaron a pasar de ocho a 25 años en cárcel. La mayoría de ellos, también Bignone, ya cumplen sentencias por otras violaciones a los derechos humanos.
Los gobiernos militares sudamericanos de los 1970 y 1980 secuestraron y asesinaron a miles de guerrilleros rebeldes y disidentes. La Operación cóndor da cuenta de 377, según una informe conjunto de una unidad de la Unesco y del gobierno argentino del 2015.
“Cóndor proporcionó el maro”, dijo, el fiscal general Pablo Ouviña, encargado del caso.
Gianotti de Molfino no estuvo entre las 106 victimas cuyos casos fueron parte del juicio que terminó el viernes. Su asesinato se está considerando en una causa distinta relacionada con la Operación Cóndor.
En 1977, un año después de que el Ejército se hizo con el poder en Argentina, Molfino, a las sazón con 15 años, salió al exilio con su madre, una militante de los Montoneros, una organización de la guerrilla urbana.
Molfino se convirtió en mensajero de la organización, ocultaba microfilms en juguetes y paquetes de cigarrillos, y viajaba constantemente entre Europa y Centroamérica.
En 1980, los Montoneros establecieron una base en Lima, Perú. El 12 de junio de ese año, Molfino regresaba a la casa donde se quedaba su madre, cuando se percató de que el sitio estaba rodeado por policías armados. La llamó desde un teléfono público. Fue la última vez que él habló con ella.
Después de que la secuestraron, a Gianotti de Molfino la trasladaron a Bolivia y luego a España, donde la obligaron a tomar una sobredosis de píldoras y la dejaron morir en la habitación de un hotel. También secuestraron a otros dos militantes de su organización y les ordenaron “desaparecer permanentemente”.
El incidente todavía persigue a Molfino, hoy con 54 años de edad.
“Pasé un mes bosquejando lo que pude haber hecho para salvarla, si hubiera tenido armas: bum, una granada por aquí; bum, disparos por allá; como Rambo”, contó llorando. “Pero era imposible”.
Los esfuerzos por llevar ante la justicia a los violadores de los derechos humanos han quedado en nada en en otros países sudamericanos. Sin embargo, en la última década, Argentina ha llevado a cabo veintenas de juicios en los que por lo menos se ha condenado a 666 personas hasta ahora por los crímenes que se cometieron durante la “guerra sucia” argentina, en los 1970 y los 1980.
Los fiscales en el caso de la Operación Cóndor “abrieron un camino nuevo en cuanto a rendición de cuentas”, dijo Frnacesca Lessa, una investigadora en el Centro para América Latina de la Universidad de Oxford, quien siguió atentamente la trayectoria del juicio, en referencia a cómo siguieron exitosamente los crímenes más allá de las fronteras de Argentina. Si bien se aprobaron leyes de amnistía en Argentina en los 1990, los fiscales explotaron los huecos legales para presionar el avance de la investigación.
Los jueces recibieron las declaraciones de unos 370 testigos al paso de los tres años, pero algunos de los acusados murieron durante el juicio con lo cual se anularon los casos de sus víctimas. Para sus familiares, las condenas del viernes tuvieron un dejo de frustración.
“Yo tengo sentimientos contradictorios”, dijo Edgardo Binstock, a cuya esposa, Mónica Pinus de Binstock, la secuestraron en Brasil, en 1980. Fue una de las 106 víctimas representadas en el juicio, pero, al final, no se pudo establecer ningún delito relacionado con su desaparición.
“Me habría gustado una condena por Mónica”, dijo Binstock. “No obstante, el caso en su conjunto sirve de advertencia; más tarde o más temprano, actuará el sistema de justicia”.
Sara Rita Méndez, de 72 años, una sobreviviente de la Operación Cóndor a quien secuestraron y torturaron en Argentina en 1976 y luego detuvieron durante años en su nativo Uruguay, dijo: “Estos juicios son fundamentales. Generan confianza en la sociedad”.
Se concibió a la Operación Cóndor en noviembre de 1975, durante reuniones que auspició el dictador chileno Augusto Pinochet, quien reclutó a los dirigentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Perú y Ecuador se unieron después.
El nombre de cóndor se propuso en honor al ave de rapiña nacional de Chile, un enorme buitre de plumaje negro. A los oficiales militares que ejecutaban las misiones en otros países les gustaba decir andaban fuera del país “volando como un cóndor”, según informes de inteligencia estadounidense desclasificados.
En un centro de detención secreto en esta ciudad, Automotores Orletti, ahora un escalofriante sitio conmemorativo, se desnudaba, empapaba, colgaba de vigas de acero y torturaban con macanas eléctricas a los disidentes. En los últimos años, se han encontrado cadáveres metidos en tambos sellados con concreto en un canal cercano.
“Generaron una especie de atmósfera infernal”, comentó Méndez, quien, en aquel entonces, fue maestra de jardín de niños y militante de una organización en contra de la dictadura, al recordar cómo los torturadores le subían todo el volumen al radio para ahogar los gritos. “No había pausas”.
Con la orden reciente del presidente Barack Obama de desclasificar más expedientes estadounidense que podrían revelar lo que el gobierno de Estados Unidos sabía sobre la “guerra sucia” en Argentina, se han reavivado las esperanzas de perforar el halo de ocultación que rodea a otras atrocidades de esa época, aunque no se tiene claro cuándo estarán disponibles los documentos.
A algunos argentinos les preocupa que el nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri no apoye vigorosamente la investigación del poder judicial y el procesamiento de crímenes cometidos durante dictaduras pasadas.
Sin embargo, Macri ha dicho que tales investigaciones continuarán para formar parte de su agenda de derechos humanos. “Creo que estamos en el camino correcto”, les dijo recientemente a los reporteros.