La corrupción está tan entretejida en la vida diaria de México que se la ha consagrado en un dicho: “El que no transa, no avanza”.
Las recompensas y los sobornos son el precio de hacer negocios, una línea invisible en el presupuesto que, por lo general, pasa sin revisión.
Sin embargo, se está sopesando un paquete de medidas en contra de la corrupción en la legislatura nacional y se podría convertir en punto de inflexión en la relación del país con la corrupción.
En el centro está una ambiciosa iniciativa para imponer normativas para que todos los servidores públicos revelen información, en todos los niveles de gobierno. Por la iniciativa, llamada “Tres de tres”, se mandataría que los funcionarios de gobierno revelaran sus activos y los potenciales conflictos de interés, así como que demostraran que están pagando impuestos.
Si se aprueba, la iniciativa, por la cual también se obligaría a que los familiares cercanos de los funcionarios públicos revelaran sus activos, estaría entre las medidas de mayor alcance sobre la divulgación pública en el mundo, dicen sus autores.
“México tiene que dirigirse hacia lo mejor”, dijo Eduardo Bohórquez, uno de los autores principales y director ejecutivo de Transparencia Mexicana, un organismo protector.
No obstante, ese paquete pende de un hilo.
La legislatura terminó su sesión regular a finales de abril sin haber presentado la iniciativa para su votación. Los legisladores, con las elecciones para gobernadores en mente, declinaron llamar a una sesión especial para debatir el asunto ante de la fecha límite del 28 de mayo. En su lugar, pospusieron la sesión hasta mediados de junio.
Sin embargo, la indignación popular de los últimos días obligó a los legisladores a reprogramar el debate para el lunes.
La iniciativa “Tres en tres” es resultado de un asombroso esfuerzo de las bases. En el 2014, un cambio en las leyes mexicanas permitió que los ciudadanos propusieran leyes con el apoyo de al menos 120,000 firmas validadas. Antes de eso, solo el presidente y los congresistas podrían generar legislación.
La medida, impulsada por un grupo de organizaciones comunitarias, reunió más de 630,000 firmas.
También ha recibido el apoyo de influyentes asociaciones empresariales, con lo cual algunos analistas han especulado que es posible que los sobornos al alza hayan afectado a demasiada profundidad las ganancias.
“Es claro que se trata de un acontecimiento histórico en términos de la movilización de la sociedad civil”, dijo Viridiana Ríos, una investigadora en el Centro Wilson en Washington y columnista del periódico Excélsior en México.
Que cada vez más la corrupción sea el centro de la atención en México refleja, en parte, un cambio en la forma en la que los científicos sociales y los funcionarios de gobierno están pensando sobre la mejor forma de abordar los problemas del país, en particular, el de la violencia. Durante años, la estrategia principal del gobierno para combatir la violencia fue atacar a los grupos de narcotraficantes.
Sin embargo, en años recientes, la corrupción y la impunidad que la permite se han estado considerado, cada vez más, como las causas fundamentales de la violencia y los otros males del país.
“La corrupción causa o agrava directamente a los peores problemas y retos que enfrenta México”, dijo Juan E. Pardinas, el director administrativo del Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo de investigación que ha ayudado a dirigir el impulso ciudadano hacia la iniciativa.
“¿Cómo puedes resolver el problema de la violencia y el crimen organizado si no resuelves el problema de la corrupción?”, añadió. “La corrupción está debilitando la capacidad del Estado para abordar los retos del país”.
De conformidad con la investigación del Instituto, casi todos los delitos por corrupción pasan sin castigo, y a quienes se declara culpables, no son funcionarios de alto nivel. De los 444 casos que los auditores federales le remitieron a la Procuraduría General de la nación entre 1998 y 2012, se levantaron cargos en contra de solo siete.
“No puedes sostener un sistema político donde la gente tiene información suficiente para saber la magnitud de la corrupción, pero en el que las instituciones estatales son totalmente incapaces de procesarla”, dijo Pardinas.
En mayo del 2015, en medio de una investigación de los alegatos por conflicto de intereses en los que estuvo envuelta la esposa del presidente Enrique Peña Nieto y su ministro de finanzas, el mandatario para hacer ley la legislación por la cual se estableció el sistema nacional en contra de la corrupción.
Incluyó la creación de un fiscal independiente para la corrupción, un tribunal especial para supervisar los problemas de corrupción y un marco para coordinar a veintenas de dependencias de gobierno encargadas de combatirla.
La legislación del 2015 establece una fecha límite para el 28 de mayo para la aprobación de leyes secundarias por las que se activaría el sistema anticorrupción. Los principales partidos políticos han estado negociando los términos de estas leyes secundarias, incluida la “Tres de tres”.
Uno de los temas más polémicos de la discusión ha sido el de si debería hacerse pública la divulgación de los activos. A muchos legisladores les preocupa que revelar su riqueza personal pudiera hacerlos blancos, a sus familiares y a ellos, de los criminales, así es que están presionando para que la legislación contemple que solo tengan que divulgarle sus activos al gobierno.
No obstante, el clamor popular para que los legisladores aprueben un robusto conjunto de leyes contra la corrupción ha sido vigoroso. La Arquidiócesis de México, católica romana, en editoriales publicados en todo su servicio de noticias, ha intervenido enérgicamente a favor de las medidas y ha criticado “la parálisis en los primeros tres años” del gobierno de Peña Nieto.
“Tres años perdidos en los laberintos de las palabras, las discusiones y los bloqueos”, se lamenta un editorial.
Entre tanto, algunos políticos se han ofrecido como voluntarios para divulgar sus secretos, aun antes de que se apruebe una ley al respecto.
Ya son más de 560 servidores públicos _ de potencialmente decenas de miles _, los que se han afiliado a la iniciativa de divulgación y han revelado sus activos y potenciales conflictos de interés. Incluyen a alrededor de 13 por ciento en el Senado y 21 por ciento en la Cámara de Diputados de México, así como 12 gobernadores y un miembro del gabinete de Peña Nieto.
Entre ellos están Zoé Robledo Aburto, un senador de oposición que representa al estado de Chiapas y es ferviente proponente de la iniciativa de divulgación.
“Los políticos tienen poca credibilidad. Hay poca confianza en las instituciones del gobierno”, dijo en una entrevista. “En este momento de crisis, deberíamos estar enviando un mensaje audaz de que podemos reconfigurar y reestablecer nuestra relación con la ciudadanía.
“Tenemos que demostrar que estamos en la política por las razones correctas, no para enriquecernos ni para conseguir negocios”, continuó Robledo. “Presentarles a los ciudadanos un ramo de flores no va a mejorar las cosas”.