James Ward tenía 21 años en 2006 cuando recibió una sentencia de 10 meses. 10 años después sigue en prisión y aún no tiene una fecha para dejar la cárcel.

Cuando estuvo a punto de salir, le alargaron la condena por prender fuego el colchón de su celda.

A partir de ese momento, el Imprisonment for Public Protection, IPP (Encarcelamiento para la Protección Pública), le ha impedido salir, pues prevé proteger a la sociedad de los delincuentes que representan una amenaza y son demasiado peligrosos como para ser liberados.

“La prisión no está adaptada para dar lugar a gente como yo, con problemas mentales. Yo he empeorado. Me levanto cada mañana con miedo de lo que pueda pasar ese día”, confesó Ward.

Pese a que su familia ha intentado que lo dejen libre, se estima que en el Reino Unido unos 4 mil presos que recibieron una sentencia ‘IPP’ continúan encarcelados y alrededor de 400 han cumplido el periodo mínimo más de cinco veces.

Al respecto, el exministro de Justicia del Reino Unido, Kenneth Clarke, comentó que el problema de este tipo de sentencias, abolida en 2012, es que los prisioneros tienen que comprobar que ya no representan un peligro para el público.

“Ningún prisionero puede comprobar eso. Nunca se sabe cuándo alguien va a perder el control o qué va a ocurrir cuando hayan sido liberados”, explicó Clarke.

Según cuenta su hermana el joven tiene un bajo coeficiente intelectual, constantemente se autolesiona, tiene problemas de salud mental y no puede enfrentar la vida en prisión.

“Pienso que un día recibiremos una llamada avisándonos que Jimmy se suicidó”, le dice a la BBC.

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *