Va Martín Rico a diligencia, omite hablar

Martín Rico Jiménez, ex candidato a la Alcaldía de Celaya por el partido Movimiento Ciudadano, se presentó la tarde ayer al Ministerio Público del fuero común, en donde de acuerdo a su abogado, se dio cumplimiento a una ejecutoria del Tribunal Colegiado del estado de Guanajuato.
El también ex diputado federal por el PAN se presentó cerca de la una de la tarde ante el Juzgado Segundo Penal, donde estuvo algunos minutos al interior de las oficinas y después se retiró en compañía de sus dos abogados, sin responder preguntas.
Juan Raymundo Padilla Lucio, abogado defensor, señaló que semanas atrás se tramitó el amparo ante el Juzgado Federal y el empresario sólo acudió a una diligencia para presentar su declaración por el hecho en el cual se le acusa, el delito de abuso de confianza.
El litigante dijo que no podía revelar mayores detalles ni estrategias en cuanto al caso, debido a que sería revelar “secretos profesionales”, así mismo al cuestionarle el proceso que se sigue, dijo que eso se le debería preguntar al Ministerio Público.
“La presentación de Martín Rico obedece única y exclusivamente a dar cumplimiento a una ejecutoria del Colegiado Penal del estado de Guanajuato, la autoridad judicial al igual que la estatal, nos han dado la razón hasta este momento, (…) no les puedo manifestar nada porque sería una revelación de secretos profesionales, yo como abogado no puedo revelar estrategias ni nada respecto al proceso”, dijo.
El proceso legal en contra de Martín inició en 2008 cuando firmó 46 pagarés con un valor de 30 millones de pesos, los cuales eran por la compra-venta de 25 hectáreas de parcelas ubicadas en el ejido Rancho Nuevo, en Apaseo el Grande.
El agraviado Salvador Álvarez Martínez, denunció ante el Ministerio Público que nunca se saldó el dinero, aunque tuvieron que pasar cerca de seis años para que en abril de 2015, en plena campaña electoral para la alcaldía de Celaya, el Juzgado Segundo Penal girara una orden de aprehensión por el incumplimiento de pagos.
El empresario de inmediato promovió un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito, pero se le dictó auto de formal prisión, por lo cual enfrentaría su proceso en libertad.
En noviembre de ese año se otorgó una orden de reaprehensión y pese a que su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Campestre fue cateado, no fue localizado, ya que se indicó que ya había abandonado el país.