Desde 2006, el Gobierno federal parece haber aplicado una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza en el combate al crimen organizado, lo cual ha derivado en crímenes de lesa humanidad como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, advierte Open Society Justice Iniciative (OSJI) en un informe presentado ayer.
En la presentación del informe “Atrocidades innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, James Goldston, director de la OSJI, consideró que los altos niveles de violencia no se han dado al azar, sino en gran parte, indicó, por la incapacidad del Estado mexicano de regular el uso de la fuerza, y a la barbarie del narcotráfico.
En entrevista, Eric Witte, autor principal del reporte, resaltó que el País tiene capacidad técnica y recursos para juzgar crímenes de lesa humanidad de manera doméstica, pero carece de voluntad política para hacerlo.
“Los obstáculos técnicos son secundarios a los obstáculos políticos a la justicia en México”, sostuvo el investigador de OSJI, organización dedicada al tema de crímenes de violaciones de derechos humanos en el mundo, que forma parte de las Open Society Foundations.
Desde la administración de Calderón, indicó Witte, varias iniciativas se han lanzado para enfrentar estos crímenes, como Províctima, la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Unidad Especializada de Búsqueda de Desaparecidos en la PGR.
No obstante, consideró, estos mecanismos han carecido de respaldo político.
“Hay propuestas de reformas muy bienvenidas, pero hay muchas razones para el escepticismo respecto a que serán implementadas, dado el récord de reformas y promesas vacías”.
El especialista estimó que si México continúa fallando en investigar y enjuiciar los crímenes atroces, podría entrar en un camino hacia la Corte Penal Internacional de La Haya.
La alternativa, sugirió, es que el País acepte asistencia internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, que los responsables sean procesados.
“Lo que proponemos para México es una asistencia internacional híbrida, que trabaje dentro del sistema de justicia doméstico”, subrayó.
Witte lamentó que, una vez más, el Gobierno mexicano sostenga que los crímenes son aislados y que aquéllos cometidos por autoridades federales han derivado en sentencias.
“Eso simplemente no es cierto. Negar que existe un patrón, lamentablemente se ajusta al diagnóstico que encontramos: que los obstáculos políticos para la justicia en México comienzan con la negación”, puntualizó.
Ignorarlo no lo hará desaparecer: Vivanco
El Gobierno mexicano no puede seguir ignorando la crisis de derechos humanos en México, tras la publicación del informe “Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, de Open Society Justice Initiative.
Así lo consideró José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), al referir el informe como una de las evaluaciones más devastadoras de la crisis de derechos humanos en México.
Según el documento, la situación de violencia cumple con la definición de crímenes de lesa humanidad, debido a la magnitud de las atrocidades y la falta de investigación respecto a ellas.
“Deja en claro a quienes han intentado minimizar o desacreditar lo informado por defensores de derechos humanos y periodistas que el Gobierno no puede continuar ignorando esta crisis con la esperanza de que sencillamente desaparezca”. opinó Vivanco.