Los diputados locales del PRD proponen que la corrupción de los funcionarios públicos se considere un delito grave, para que se incrementen las sanciones y vayan a la cárcel.
Actualmente, sólo el delito de peculado es considerado grave.
Los legisladores Alejandra Torres Novoa, Gerardo Silva Campos e Isidoro Bazaldúa quieren que otros abusos de funcionarios, como cohecho, enriquecimiento ilícito, usurpación y abandono de funciones públicas, sean considerados tan graves como el homicidio y el secuestro.
Para ello, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática proponen reformar el Artículo 11 del Código Penal Estatal, que es el que establece cuáles son los delitos graves en Guanajuato.
“La falta de transparencia en las cuentas públicas y el alto índice de corrupción han sido un caldo de cultivo para que algunos servidores públicos en sus funciones cometan una serie de irregularidades o incoherencias en sus actividades, muchas veces solapados por sus superiores, sin recibir sanción o castigo alguno, dando resultado a la impunidad”, señaló en la exposición de motivo la propuesta del PRD.
Piden endurecer castigos a funcionarios corruptos
Como medida para combatir actos de corrupción de funcionarios públicos, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso Local propone que todos los delitos cometidos por servidores públicos sean catalogados como graves y se incrementen las sanciones.
Los diputados perredistas proponen una reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato pa ra que delitos como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones públicas y abandono de funciones públicas sean incluidos en catálogo de delitos graves en los que se clasifican otros como el homicidio y el secuestro.
Actualmente sólo el delito de peculado se encuentra clasificado como grave siempre y cuando el monto exceda de 800 veces el salario mínimo (aproximadamente 58 mil 432 pesos) y se establece que se impondrá de cuatro a 10 años de prisión y de 40 a 100 días multa.
La iniciativa propuesta por los diputados perredistas Alejandra Torres Novoa, Gerardo Silva Campos e Isidoro Bazaldúa Lugo, plantea reformar el artículo 11 del Código Penal Estatal.
La propuesta busca adicionar a las figuras graves los delitos plasmados en el título segundo denominado “de los delitos contra la administración pública” en su fracción XVIII, contemplando los delitos dolosos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones públicas, abandono de funciones públicas, tráfico de influencias, abuso de autoridad y desaparición forzada de personas.
Contra impunidad
El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Isidoro Bazaldúa Lugo, expresó su preocupación por el incumplimiento de la aplicación de las leyes que combaten la corrupción, problemática que, consideró, ha impedido el crecimiento del país, el estado y nuestros municipios, ocasionando un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos.
“La falta de transparencia en las cuentas públicas y el alto índice de corrupción han sido un caldo de cultivo para que algunos servidores públicos en sus funciones cometan una serie de irregularidades o incoherencias en sus actividades, muchas veces solapados por sus superiores, sin recibir sanción o castigo alguno, dando resultado a la impunidad”, señaló en la exposición de motivos de la propuesta.
Aseguró que la corrupción se ha extendido y se ha hecho sistemática en el ejercicio de la función pública, y dijo que esto se debe a que los principales partidos han evitado que se dé una correcta rendición de cuentas que obligue a los funcionarios públicos a explicar y justificar sus actos a la ciudadanía.
“No basta con que exista un Sistema Anticorrupción, debe asegurarse que se cumpla la ley, tanto funcionarios públicos como ciudadanos entiendan como obligación primordial vigilar que se realice.
“Debemos asegurarnos que se cumpla la ley, tanto funcionarios públicos como ciudadanos y entender que es una obligación primordial el vigilar que esto suceda”, aseveró el legislador.
Ven positiva iniciativa
La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, Arcelia González González apoyó la iniciativa perredista.
Sin embargo, la legisladora priísta también argumentó que ya existen sanciones en la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos para el Estado de Guanajuato y que a nivel federal también se contempla una reforma en este sentido.
“Vamos a hacer una metodología que permita conocer a fondo no sólo ese, sino muchos otros temas que vendrán aparejados en el Sistema Nacional Anticorrupción, de entrada nos parece viable, es posible implementar estas figuras al Código Penal”, indicó.
Determinarán penas
La iniciativa fue entregada a la mesa directiva para que se enliste en la orden del día de la sesión ordinaria que se realizará mañana para darle el trámite legislativo correspondiente.
Se prevé que en sea durante el análisis de la propuesta cuando se determine la pena que podría ameritar cada uno de los delitos que se plantea incluir como graves.