Por negarse a dar moche para obtener obra pública durante la administración de Bárbara Botello Santibáñez, el constructor José Luis Carranco se quedó sin empresa y en la ruina.
El 4 de septiembre del 2015 José Luis se atrevió a denunciar ante la Contraloría Municipal que Misael Mexicano Páramo, ex sub director de Obra Pública, le exigía entre el 10% y 15% como comisión para asignarle proyectos a su empresa.
A 10 meses de la denuncia no ha pasado nada.
“De nada sirvió, los funcionarios como Misael siguen trabajando en la obra privada, y uno hasta sin trabajo y empresa se quedó”, dijo el constructor.
En entrevista con am José Luis Carranco ratificó su acusación contra funcionarios de la administración pasada.
La ruina por el moche
Carranco fundó la constructora Urbanizadora Carr S.A. de C.V. en 1997 y se convirtió en proveedor de la Dirección de Obra Pública.
Cada año recibía entre 4 y 6 construcciones y facturaba al municipio de 35 millones a 40 millones de pesos por obra pública, de acuerdo con su testimonio.
Durante 17 años Urbanizadora Carr aseguró el empleo de más de 50 trabajadores, hasta el 2012 cuando entró la administración de Bárbara Botello.
Jose Luis Carranco participó en licitaciones, pero no recibió obra pública y a finales del 2013 entró en crisis y comenzó a recortar personal.
Hasta 2014 ganó la pavimentación de la calle Castellano en la colonia 10 de mayo, pero había una condición. Misael Mexicano Páramo lo citó en su oficina y le exigió moche.
“Me comentó que la regla del juego en el tema de la asignación de obra consiste en entregarle en dinero en efectivo, el 10% del monto total asignado ya que ‘los de arriba’, como lo expresó él, así se lo piden”, consta en la denuncia del empresario.
Carrancó cuestionó si ese “requisito o condición era indispensable” para recibir la obra a pesar que la había ganado legalmente.
“Me comentó enfáticamente y ya en un tono de molestia que “sí”, sí era requisito indispensable y ya él me indicaría con posterioridad cómo debía hacerse tal movimiento”.
Luego de que el funcionario de obra le dijo las “reglas del juego”, le detalló el proceso para ganar próximos proyectos.
“Me comenta que para procesos de obras posteriores Luis Horacio Salmón García (Director de Evaluación Económica de la dependencia) se comunicaría conmigo para pasarme el presupuesto base de la obra (dándome entonces a mí una ventaja sobre los demás participantes)”.
De acuerdo con el testimonio del constructor, el dinero en efectivo se lo debía entregar al ingeniero Misael Mexicano “comentándome que una vez que él lo recibiera lo enviaría al Tesorero Municipal (Roberto Pesquera)”.
El constructor asegura que se mantuvo al margen de la situación con la esperanza de volver a recibir obra pública y recuperar su empresa que se iba a la quiebra.
“Comencé a endeudarme con la nómina y algunas concreteras. No tuve otra salida más que comenzar a vender mi maquinaria para solventar gastos de oficinas y nómina, me daba tristeza despedir a mi gente porque la mayoría tenía familia”.
José Luis atribuye a la administración de la ahora diputada federal Bárbara Botello que su empresa quebrara, pues en tres años solo recibió cuatro obras con un valor de más de 4 millones.
Carranco explicó que el municipio licita entre 100 y 120 obras públicas anuales entre un padrón de más de 100 empresas, pero aseguró que siempre son entre 20 y 25 constructoras las que ejecutan los trabajos, por lo que les toca entre 4 y 6 proyectos por año.
Urbanizadora Carr era una de las 20 empresas “del carrusel”, como se le conoce en el gremio de los constructores, y José Luis llegó a gozar de la asignación de obras públicas.
La denuncia
El 4 de septiembre del 2015 José Luis denunció ante el ex director de Asunto Jurídicos de la Contraloría Municipal a los funcionarios de Obra Pública que le exigían moche para asignarle proyectos.
En su acusación están involucrados Misael Mexicano Paramo, ex sub director de obra pública; Luis Horacio Salmón García, ex director de Evaluación Económica de Obra Pública y Roberto Pesquera Vargas, ex Tesorero Municipal, por el cobro del 10% y 15% de comisión por asignación de obras.
Fue hasta el 20 de noviembre del 2015 cuando el empresario fue citado por la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para ratificar su declaración, que dio inicio bajo el número de averiguación previa 101/2015.
Al respecto, la Contraloría Municipal informó que la denuncia sigue un proceso que está en trámite por la Procuraduría General de Justicia, instancia que determinará si hubo irregularidades como lo denunció el empresario.
Durante tres días se buscó a la Procuraduría General de Justicia para saber el proceso en que se encuentra la averiguación previa 101/2015, sin embargo, no se tuvo respuesta del estatus de la denuncia.
›› Solicitará informe
La regidora Ana María Carpio Mendoza, integrante de la Comisión de la Contraloría del cabildo leonés, dijo desconocer el estatus de la denuncia presentada por el constructor el año pasado ante la Contraloría Municipal, por lo que dijo no puede asegurar que no se le haya dado seguimiento .
“Creo que estas denuncias están en proceso, pues el que no hayan informado (las autoridades) o que no conozcamos el estatus, es distinto”.
La regidora panista anunció que solicitará un informe a la Contraloría Municipal acerca del estado en que se encuentran esta y otras denuncias presentadas, por lo que dijo no creer que se hayan ignorado .
Además mencionó que puede haber otras razones por las cuales la Administración actual no ha asignado obras públicas a determinados empresarios constructores.
“Solo espero que la Procuraduría haga su trabajo como se debe, y que se cumpla con la Ley. Nosotros necesitamos una respuesta y no solo ante esta denuncia, sino en todos los casos que tenga”.
›› Abona a la Ley
La diputada local Beatriz Manrique Guevara mencionó que lo importante es saber si se tuvieron los elementos mínimos para que la investigación se convierta en un asunto consignable.
“La corrupción es un tema de ida y vuelta, en donde participan el corruptor y el que se deja corromper”.
La diputada del Verde Ecologista comentó que por ello los legisladores incluyeron en el Sistema Anticorrupción la extinción de dominio en los casos en los que haya enriquecimiento inexplicable o ilícito.
“Puede haber gente que no le asusta la cárcel, pero sí perder su patrimonio, y la extinción de dominio será una herramienta de investigación para las autoridades”.
Manrique expresó desconocer el contenido de la denuncia presentada por el empresario Carranco, así como los elementos para la investigación, pero reiteró que espera que con el Sistema Anticorrupción sea más sencillo abordar los temas de corrupción en que incurran funcionarios.
›› Es secreto a voces
La diputada federal por el PRI Yulma Rocha Aguilar hizo un llamado para que la autoridad cumpla con su trabajo de investigación y haga valer la máxima de la Constitución en cuanto a que la Ley debe ser pronta y expedita.
“Se debe de dar garantía al ciudadano o empresario que su denuncia va a prosperar e investigar. Es un círculo vicioso, si no se da garantía de investigación y aplicación de sanciones, lógicamente se inhibe la denuncia y estas prácticas (corrupción) seguirán presentes porque no pasa absolutamente nada”.
Resaltó que los “moches” que cobraron funcionarios durante la administración de Bárbara Botello, son casos de los muchos que hay, pues se trata de un secreto a voces esa práctica, de la que hay pocas denuncias y además no se investigan.
La legisladora federal dijo confiar en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que entre otras cosas pretende delimitar las funciones y autonomía técnica de gestión de las Fiscalías para que se apliquen las sanciones que motiven las denuncias.
“Es importante la denuncia pública y formal, y las autoridades le deben de dar garantías al denunciante que su denuncia debe atenderse, y que los proveedores del Gobierno siendo el caso, no tengan represalias o sean estigmatizados por denunciar”.
Yulma Rocha reconoció que la corrupción está presente en todos los niveles de Gobierno, por lo que manifestó la necesidad de una alianza de ciudadanos y funcionarios que sí quieren que se hagan las cosas bien a través de la transparencia.