La “limpieza” anunciada por el presidente Recep Tayyip Erdogan no ha quedado circunscrita a las fuerzas de seguridad. Avanzan los días y se extiende a todos los departamentos de la Administración pública. El objetivo es extirpar de la vida pública a todo funcionario o empleado sospechoso de estar relacionado con la comunidad de Fethullah Gülen, a la que se acusa de estar tras la sublevación militar.
Si hasta el lunes más de 13 mil empleados de los departamentos de Justicia, Interior y Finanzas habían sido suspendidos, ayer tocó el turno a cerca de otros 40 mil, la mayoría ligados al Ministerio de Educación, aunque también fueron cesados e investigados 100 funcionarios de servicios secretos, 257 de la oficina del primer ministro, 393 del Ministerio de Familia y 492 de la Dirección de Asuntos religiosos.
“Debemos luchar de forma decidida contra todas las personas y organismos ligados a la organización terrorista y expurgar sus actividades de las instituciones”, explicó el Ministerio en un comunicado en el que anunció la “suspensión” de 15 mil 200 funcionarios y el inicio de una investigación sobre sus actividades. Además, la agencia Reuters citó a un responsable de dicha institución que anunció la revocación de la licencia de 21 mil profesores del Estado que ejercen en instituciones privadas.
La infiltración de los gülenistas en las instituciones del Estado desde la década de 1980 es un hecho.
“Deben moverse por las arterias del sistema, sin que nadie note su existencia, hasta alcanzar los centros de poder”. Esta frase, atribuida al clérigo Fethullah Gülen, supuso la apertura de un proceso judicial en 1999 poco después de que se exiliara en Estados Unidos. Turquía ya ha pedido a ese país que acelere su extradición.
“Aunque no tenemos la lista completa de nombres, el 80 ó 90 % de los afectados son gülenistas, el resto gente crítica con el Gobierno”, aseguró a este diario Yildirim Kaya, dirigente del partido socialdemócrata CHP.