De las 302 mil 972 sentencias obtenidas por la Procuraduría General del República (PGR) por delitos relacionados con el narcotráfico, de enero del 2000 a febrero del 2006, 18 mil 178 procesos corresponden a menores; es decir, el 6%.
Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) en México, explica que la PGR emite sentencias diferenciadas entre adultos y adolescentes, pero para estos últimos se debe tomar el último marco jurídico para procesarlos.
Pérez García señala que su preocupación recae principalmente en Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Veracruz y Zacatecas, entidades donde se castiga a los menores con la privación de la libertad y no con rehabilitación. 
Estos estados están a la mitad en el tablero nacional de la estadística de sentencias.
Para Pérez García el hecho de que entidades con bajo nivel de sentencias y alta actividad delincuencial como Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, se debe a la colusión entre los criminales y las autoridades en la integración de expedientes y porque “no se cuenta con los elementos suficientes” para vincular a juicio a quienes estén implicados.
Así mismo, explica que la administración de justicia en el país no considera las circunstancias de los jovencitos al ser detenidos por delito de narcotráfico pese a ser víctimas de reclutamiento forzado.
La revictimización, explicó, se da en el momento en que los Ministerios Públicos o policías de cualquier orden de gobierno capturan e investigan a los adolescentes obligados a participar en crimen organizado. Tampoco los jueces los catalogan de esta manera.
Recuerda que durante sexenios anteriores, en México se abordó el tema de protocolos de seguridad durante las detenciones de menores de edad presuntamente infractores para, de esta forma, evitar la revictimización.
Sin embargo, con el cambio de administración se perdieron los avances obtenidos en este tema de niños que se ven forzados a delinquir.

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