Grisel Sánchez Montoya, arrendataria legal de las antiguas instalaciones de la Feria, demandó por la vía penal a quien resulte responsable, luego de que el pasado martes integrantes del Patronato de la Feria entraran sin autorización.
Los representantes legales de Grisel Sánchez Montoya, Ulises y César Aguilar González informaron en rueda de prensa, la situación jurídica en la que se encuentran las antiguas instalaciones de la Feria, manifestando que han sufrido “actos intimidatorios” por parte del Municipio.
“Lo que hemos constatado últimamente es una manifiesta violación a los derechos humanos y garantías individuales, ya que el Municipio como el Patronato están llevando a cabo actos intimidatorios”, expresaron.
El martes por la mañana, integrantes del Jurídico del Municipio y del Patronato de la Feria, encabezados por el nuevo presidente, Juan Carlos Rojas Morett, entraron a las instalaciones para inventariar las instalaciones, pero acudieron “sin una orden judicial”, expresaron los abogados Aguilar González.
“El pasado 2 de agosto entraron sin autorización, haciendo un ejercicio arbitrario de su propio derecho, cuando se les preguntó si tenían una orden judicial contestan que no y sin embargo no se querían salir”.
Elementos de la Policía municipal arribaron al lugar para levantar un parte policiaco de los hechos y sacar a los funcionarios de las instalaciones.
El contexto
Los litigantes detallaron que Sánchez Montoya firmó un contrato de arrendamiento con el Patronato de la Feria el 28 de febrero de 2012 al 31 de diciembre del mismo año, para llevar a cabo eventos en las instalaciones, esto a pesar de que existía la prohibición del Ayuntamiento para realizar contratos de arrendamiento, debido a la revocación del comodato un mes antes.
En julio de 2012, Grisel Sánchez pretendía realizar la ‘Feria de Verano’ en esas instalaciones con la participación de más de 80 expositores.
Pero personal de Fiscalización y Protección Civil clausuró el evento dirigido al entonces presidente del ‘Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío’, Francisco Javier Padilla Guerrero.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito determinó, a través de una sentencia emitida el 13 de diciembre de 2012, la ilegalidad de la clausura del evento al tener legítima posesión del inmueble.
“Posteriormente, la Presidencia envía un oficio para decirle que pague las rentas que adeuda de las instalaciones, nos causó extrañeza ya que quien había rentado las instalaciones era el Patronato y no la Presidencia, y nos amparamos por actos ilegales de autoridad ya que el Municipio no tenía que cobrar esas rentas”, expuso el abogado César Aguilar.
En septiembre del año pasado, el Patronato de la Feria presentó una demanda ante el Juez Tercero del Partido Civil, admitiendo el contrato de arrendamiento, pretendiendo su recisión y la desocupación y entrega del bien, además del pago de daños y perjuicios y una pena convencional a Sánchez Montoya.
El contrato de arrendamiento determinaba que tenía como fecha de culminación el último día de 2012, pero al no requerirlo el Municipio, hubo una tácita reconducción para que sea indefinido.
“Para que alguien solicite la entrega del bien, hay un proceso que establece el Código Civil, donde con tres meses de anticipación deben notificar la entrega del bien”, expuso el litigante.
Dentro del propio expediente, Grisel Sánchez Montoya exige la indemnización de los daños y perjuicios tras la cancelación de la Feria de Verano 2012.
El pasado martes, el jurídico del Municipio, Ignacio Ramírez Valenzuela, admitió que si bien no ha concluido el proceso legal, la administración de las instalaciones había pasado al Municipio.
“El juicio no impide que nosotros entremos a los terrenos y que tengamos el personal que va a hacer ahora las funciones que hacía el personal del Patronato, nada más”, dijo.