Ex funcionarios aseguran que las observaciones que envió la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) ya fueron solventadas durante la Administración en la que participaron.
El ex regidor priista Aurelio Martínez Velázquez mostró el recibo de pago de su viaje a Santader, España por el que tuvo que regresar 19 mil 600 pesos.
“El propio órgano de fiscalización me indicó que hubo un error en mis comprobaciones y ahora dicen que hay un error, ellos me revisaron y me dieron la cantidad que se tenía que pagar”, explicó el ex regidor.
El lunes el Ayuntamiento aprobó de urgente y obvia resolución la propuesta de la ASEG de interponer una denuncia administrativa por posibles irregularidades en la pasada administración entre julio y diciembre del 2013.
Entre las cuatro observaciones una señalaba la falta de comprobación por un viaje en Santander, realizado por el entonces regidor Martínez Velázquez.
Ayer el ex servidor envió una copia de su pago realizado el 10 de septiembre del año pasado, casi dos años después del viaje.
Otra de las observaciones es la indemnización a 217 policías de 22 millones 287 mil 461 pesos, por la Dirección de Desarrollo Institucional, realizada sin un sistema de seguridad social.
El ex director José Pedroza Cobián explicó.
“Esto es un proceso natural y la observación que hacen es una cuestión de interpretación, bajo su juicio hay que contextualizar, ver como han sido las resoluciones el marco laboral del municipio y qué dice la ley del trabajo burocrática”, señaló.
La tercera observación de la Aseg menciona un viaje no realizado por el ex subdirector de Economía, Francisco Allard Pérez a la Feria AAPEX en 2013, la auditoría señala que no asistió y en su lugar participó la empresa Medina Torres, situación que no justifica el gasto de 42 mil 116 pesos de recurso público.
Y la cuarta, la adjudicación directa realizada por el Comité de Adquisiciones para la compra de 13 kits de cámaras por 4 millones 403 mil 405 pesos, la auditoría considera la observación como no solventada porque no se explica la razón para no llevar a cabo una licitación pública.