El Gobierno de Michoacán aceptó las recomendaciones emitidas el 18 de agosto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde advierte ilegalidades imputadas de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) en el caso de la muerte de 42 civiles en el Rancho del Sol, en Tanhuato, el 22 de mayo de 2015.
En este suceso murieron 42 civiles a manos de agentes federales, en el que de acuerdo con las indagatorias de la CNDH, hubo abuso de poder, exceso en el uso de la fuerza y una arbitraria ejecución extrajudicial. También perdió la vida un oficial, del que se investiga su muerte.
La comisión indicó en el oficio número 4VG/ 2016 un trabajo pericial de la PGJE ineficiente, erróneo e incompleto, además de prácticas no idóneas en la elaboración de actas ministeriales, inadecuada preservación de la escena del crimen e inconsistencias en necropsias realizadas a los cuerpos.
A través de un comunicado, el Poder Ejecutivo estatal dio por aceptada la recomendación, dijo, “antes del inicio de esta administración”, pero el boletín no refiere que el procurador en turno era José Martín Godoy, quien actualmente desempeña esa misma función.
Entre las recomendaciones dirigidas, la CNDH requirió a Michoacán para que colabore en las investigaciones que continuará el organismo en torno a las deficiencias de la PGJE sobre el caso, y que advirtió, derivarán en una denuncia penal en contra del personal que integró las actas ministeriales y que participaron en las diferentes actuaciones periciales.
Al respecto, el gobierno de Silvano Aureoles recordó que estas recomendaciones fueron emitidas a personal de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia.
El secretario de Gobierno, Adrián López, dijo que harán llegar a la CNDH las constancias del testimonio de las acciones; reiteró “el compromiso de la administración, de velar por el respeto de los DH”. 

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