Un juez federal ordenó investigar los cuarteles militares de la zona de Pénjamo e Irapuato -e incluso del país si es necesario- para dar con el paradero de un hombre, que fue víctima de una desapareción forzada a manos de militares, en noviembre de 2015.
El juez noveno de distrito en Guanajuato concedió un amparo a la esposa del desaparecido, Juan Flores Solorio, luego de determinar que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional cometieron una grave violación a Derechos Humanos.
Los hechos
El 25 de noviembre del 2015 un grupo de elementos del Ejército Mexicano, adscrito a la base de operaciones en Pénjamo, Guanajuato, del Octavo Regimiento Militar Blindado de Reconocimiento en Irapuato, llegó a Pénjamo a bordo de camionetas oficiales.
Se supo que uno de los militares brincó la barda del patio trasero de la casa del hoy desaparecido, abrió el portón y dejó que los demás militares entraran; no había orden de cateo ni permiso de los habitante del domicilio.
Los castrenses sacaron al hombre de su casa a la fuerza y lo subieron a una camioneta oficial sin que hubiera caso urgente, flagrancia en la comisión de algún delito u orden de aprehensión.
Supuestamente, los militares pusieron a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a Juan Flores por supuestamente insultarlos y maltratarlos.
Sin que se llevara a cabo el procedimiento de ley, Flores Solorio fue ingresado a los separos por seis horas.
Cámaras de seguridad captaron cuando Solorio, ya en libertad, caminaba por la calle Siglo XX de Pénjamo y era seguido por tres sujetos vestidos de forma semejante; después llegó al sitio una camioneta militar con las luces apagadas. Desde entonces no se sabe nada del desaparecido.
Militares confirman
En el desahogo judicial del caso, que se llevó a cabo de forma tradicional y no de forma oral como dicta el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el Octavo Regimiento informó al juez que efectivamente, el vehículo que se observa es oficial de Sedena; en él viajaban un teniente del Arma Blindada, un cabo de transmisiones, un cabo mecánico automotriz, dos cabos de arma blindada y dos soldados.
El juez consideró que la ilegalidad de los militares empezó desde que se metieron en la casa de la víctima y su retención en los separos de forma ilegal.
En el amparo, se especifica que la esposa, Celia Mora Higuera, ordena que Juan Flores Solorio sea inscrito en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviada y Fallecidas y se inicie la reparación del daño ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).