Un juez federal ordenó investigar los cuarteles militares de la zona de Pénjamo e Irapuato para dar con el paradero de un hombre que fue víctima de una desaparición forzada a manos de militares, en noviembre de 2015.
El juez noveno de distrito en Guanajuato concedió un amparo a la esposa del desaparecido, Juan Flores Solorio, luego de determinar que los elementos de la Sedenacometieron una grave violación a sus derechos humanos.
Los hechos
El 25 de noviembre del 2015 un grupo de elementos del Ejército Mexicano, adscrito a la base de operaciones en Pénjamo, del VIII Regimiento Militar Blindado de Irapuato, llegó a Pénjamo a bordo de camionetas oficiales.
Se supo que uno de los militares brincó la barda del patio trasero de la casa del hoy desaparecido, abrió el portón y dejó que los demás militares entraran; no había orden de cateo ni permiso de los habitantes del domicilio.
Los castrenses sacaron al hombre de su casa a la fueza y lo subieron a una camioneta oficial sin que hubiera caso urgente, flagrancia en la comisión de algún delito u orden de aprehensión.
Supuestamente, los militares pusieron a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a Juan Flores por presuntamente insultarlos y maltratarlos.
Sin que se llevara a cabo el procedimiento de ley, Flores Solorio fue ingresado a los separos 6 horas.
Cámaras de seguridad captaron cuando Solorio, ya en libertad, caminaba por la calle Siglo XX de Pénjamo y era seguido por tres sujetos vestidos de forma semejante; después llegó al sitio una camioneta militar con las luces apagadas.
Desde entonces no se sabe nada del desaparecido.
Confirman militares
En el desahogo judicial del caso, que se llevó a cabo de forma tradicional y no de forma oral como dicta el nuevo Sistema Penal Acusatorio, el Octavo Regimiento informó al juez que efectivamente, el vehículo que se observa es oficial de Sedena; en él viajaban un teniente del arma blindada, un cabo de transmisiones, un cabo mecánico automotriz, dos cabos de arma blindada y dos soldados