La vista judicial para decidir la extradición de Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro conocidos como “porkys” de Costa de Oro, se celebró este miércoles en Madrid. El presunto copartícipe en un delito de pederastia en Veracruz en 2015, por el que fue detenido hace cuatro meses en Madrid, se acogió a su nacionalidad española para pedir ser juzgado en ese País y no en México.
Tres magistrados escucharon los alegatos presentados por el abogado de Cruz Alonso, los emitidos por la fiscalía española y los de un representante de la Procuraduría General. La resolución de los jueces tarda de dos o tres semanas y su resultado suele ser recurrido y revisado en el pleno de jueces de la Audiencia Nacional. Como última garantía para el reo el consejo de ministros español tiene la potestad de frenar una extradición, aunque es una medida excepcional.
La línea de defensa de Cruz se basó en varios aspectos: en primer lugar, en que posee la nacionalidad española por su abuelo paterno; en segundo, una alegada inconsistencia de la acusación contra él; en tercero, que no existe una proporcionalidad entre los delitos por los que se le acusa en México y las penas que acarrearían en España; en cuarto, las supuestas faltas de la justicia mexicana y las malas condiciones del sistema penitenciario, y en quinto, el alegato de que existe una operación política y mediática en su contra.
El magistrado presidente de la sección tercera de la audiencia nacional, Félix Alfonso Guevara, ordenó al abogado de Cruz Alonso que abandonara sus disquisiciones sobre la inconsistencia de las pruebas contra el joven, pues los jueces españoles sólo deben decidir sobre la extradición.
El representante de la procuraduría insistió en que Cruz había utilizado su nacionalidad española [que tampoco dio por probada] “como una acción torticera para eludir la acción legal de México” y ocultarse en España alegando que estudiaría en la Universidad Europea. Sobre estos estudios, por los que Cruz llegó en marzo de 2016, la fiscal española aseguró que solicitó “ser inscrito y participar en el programa Erasmus con el único y exclusivo fin de eludir sus responsabilidades penales en México”.
Al término de la vista, Cruz pidió leer unas palabras que llevaba escritas desde la cárcel de Soto del Real, donde está preso desde el 11 de junio por su alto riesgo de fuga. Denunció que su caso era fruto de “la extorsión de varias personas, entre ellas, el padre de la menor”. En su versión, el padre de la joven exigió a los cuatro presuntos autores de la agresión sexual que le pagaran 4 millones de pesos para no denunciarlos.
Luego los encerró en un despacho y los amenazó para que filmaran una falsa confesión. “Agredió físicamente a Gerardo [otro de los acusados]. Nos levantamos y sacó un arma de fuego. Dijo que pusiéramos los teléfonos sobre la mesa y empezó a amenazarnos. Nos obligó a grabar una disculpa que nos negamos al principio”, relató.
Cruz aseguró que su casa pasó a ser vigilada y aseguró que tenía miedo de seguir en México. También argumentó que “políticos financiaron el escándalo mediático para distraer” en una etapa de elecciones gubernamentales. En el último tramo de su discurso, Cruz rompió en lágrimas, guardó el papel en el bolsillo y lo volvieron a esposar.
El joven de 21 años aseguró que abandonó México porque las autoridades no le habían avisado durante ninguna de sus cuatro comparecencias de que existían órdenes de limitación de libertad. Según él, durante su estancia en Madrid nunca se enteró de que la policía lo buscaba.
“Yo sólo hacía mi vida normal. Tenía la intención de empezar una visa profesional en España. La situación en mi País es muy lamentable. Hay mucha inseguridad, pocas oportunidades y mucha corrupción”.
De no autorizarse su extradición a México y ser juzgado en España, como solicitó Diego Cruz, el cargo más evidente sería la agresión sexual agravada con violencia y concurrencia de más de un autor, por lo que podrían condenarlo a 15 años de prisión en ese país. También se le podría acusar de abuso a menores, que podría ser unos seis años, al ser la víctima mayor de 16, pero podrían sumársele agravantes por violencia o acción en grupo.
De serle negada la extradición, el ministerio fiscal español deberá iniciar una investigación y determinar las acusaciones en su contra.
Sigue prófugo el tercer ‘
En enero de 2015, cuatro jovenes acudieron a un centro nocturno. Ahí conocieron a unas jóvenes a quienes invitaron a una vivienda del lujoso fraccionamiento de Costa de Oro, en Veracruz, de las que una aceptó. En el trayecto dos de ellos presuntamente tocaron indebidamente a la joven de 17 años, mientras un tercero tuvo relaciones sexuales con ella en la vivienda.
Los familiares de la víctima presentaron una denuncia en marzo: pactaron con los padres de los jóvenes que pidieran disculpas en una grabación, recibieran atención sicológica y que se alejaran de la menor. En mayo, el padre de la joven presentó una denuncia ante la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado y en marzo de 2016 divulgó una carta y los videos de los jóvenes para denunciar una campaña de desprestigio en contra de su hija y la inacción de las autoridades.
La fiscalía solicitó una orden de arresto por el delito de pederastia en contra de tres implicados: Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales y Diego Cruz Alonso, el primero acusado de tener relaciones sexuales con la menor, y los otros dos, por tocarla indebidamente. Al cuarto no se le fincaron cargos porque se limitó a observar.
Aunque la orden fue emitida cuando la víctima era mayor de edad, tenía 17 años cuando fue agredida, por lo tanto el delito se configuró como pederastia, que podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión y hasta 40 por agravada.
El 11 de mayo Enrique Capitaine fue arrestado en Torreón, Coahuila, y días después se le dictó el auto de formal prisión. Diego Cruz fue detenido en España y enfrenta proceso de extradición. El tercer acusado, Jorge Cotaita, está prófugo.
Los alegatos
La defensa de Diego Cruz Alonso se basó en cinco ejes:
1. El joven tiene la nacionalidad española por su abuelo paterno.
2.Hay inconsistencias en las acusaciones en su contra.
3. No existe una proporcionalidad entre los delitos que se le imputan en México por el delito de pederastia tumultuaria y las penas que estos crímenes acarrearían en España.
4. Las malas condiciones del sistema penitenciario mexicano.
5. Existe una operación política y mediática en su contra.