El Congreso local aprobó la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato para poner candados y límites a los financiamientos a los que accedan los agentes públicos.
También se avaló la modificación de varios ordenamientos para cumplir la armonización con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Elvira Paniagua Rodríguez, aseguró que el objetivo es tener leyes que impongan reglas de disciplina financiera para evitear el mal uso de recursos públicos y el sobreendeudamiento.
La legislación, explicó, establece una regulación con la cual los gobiernos locales tendrán la responsabilidad de promover finanzas públicas sostenibles.
La nueva Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato contempla, entre otras cosas:
La prohibición de contratar financiamientos y obligaciones directa o indirectamente con gobiernos de otras naciones, sociedades o particulares extranjeros.
Los créditos deberán destinarse a la inversión pública productiva o, en su caso, su refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos.
Contempla la excepción del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la autorización y contratación de deuda pública y obligaciones, para los financiamientos que se realicen bajo programas federales o convenios en los cuales participe la Federación.
Se implementa un sistema de alertas para monitorear los niveles de endeudamiento de los entes públicos y se crea el Registro Público Único. Se contemplan los techos de financiamiento que podrán contratar los entes públicos.
La autorización de deuda pública deberá darse por las dos terceras partes de quienes integran el Congreso del Estado.

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