Integrantes de la Comisión de Gobierno aprobaron un punto de acuerdo para interponer una denuncia ante el Ministerio Público, en contra de exfuncionarios que compraron tres torres de vigilancia, presuntamente de forma irregular.
Esto, a la par de la investigación que lleva a cabo la Contraloría Municipal, aunque deberán esperar a la resolución del órgano de control.
Ayer, durante la reunión, el director de Control de la Legalidad de la Secretaría del Ayuntamiento, Juan Antonio Reynosa Candelas, presentó la cronología de la adquisición, entrega y estatus de las casetas adquiridas por la administración pasada.
Esto, a petición del regidor priísta Salvador Ramírez Argote, en la pasada sesión de Ayuntamiento, aunque ayer no estuvo presente.
Reynosa Candelas recordó que el recurso por 12 millones de pesos, del Subsemun (hoy Fortaseg), con el que se compraron las torres, fue etiquetado, en un principio, para la compra de cámaras de vigilancia.
Sin embargo, en septiembre de 2014, la Secretaría de Seguridad, en ese año dirigida por Francisco Aguilera Candelas, pidió al Subsemun la modificación del proyecto para la compra de torres de vigilancia móviles, en lugar de cámaras.
“A finales de septiembre, el director de Vinculación de Subsemun autorizó la modificación de metas para el nuevo proyecto.
“Se hace una excepción de licitación y el 24 de septiembre, el Comité de Adquisiciones aprueba la compra y adjudica de forma directa a la empresa Adamed S.A. de C.V.”, explicó el funcionario municipal.
El pasado 24 de octubre, am dio a conocer que las torres en realidad fueron armadas y que no tenían garantía para darles mantenimiento. Además, desde hace más de ocho meses, dos se encuentran sin funcionar y una más en tierra (porque no se puede elevar) en el estacionamiento de una plaza comercial.
Cuando entra la administración actual, en la Secretaría de Seguridad Municipal se percatan de posibles irregularidades y presentan una denuncia a la Contraloría Municipal para que comience la investigación, la cual no ha concluido.
Las irregularidades
El regidor panista José Luis Manrique Hernández resaltó las posibles irregularidades: la póliza, que desde el principio entregó la empresa, era ilegible; no hubo un estudio de mercado y no se compró una caseta, sino dos productos que fueron armados, tal como lo publicó am.
“No es un sólo un producto, sino que se armó, de ahí que nace el error, porque evidentemente que al hacer efectivas las pólizas, nunca iban a pasar la garantía. Aquí, evidentemente, hay una responsabilidad de carácter civil, penal o administrativo contra exfuncionarios que compraron las casetas, esos 12 millones se pudieron ocupar muy bien”, mencionó el panista.
Y, de forma enérgica, pidió: “Pondría sobre la mesa que como punto de acuerdo y de manera inmediata, no sólo por la Contraloría, sino por el Ministerio Público, poner una denuncia correspondiente, porque hicieron la compra y, evidentemente, aquí hay dolo desde que se contrata de manera equivocada, dicen que comprarán una caseta y compran dos cosas”, comentó el edil del PAN.
El regidor del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, se extrañó de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) no haya hecho ninguna observación a esta compra, cuando la revisión de la cuenta pública 2014 ya culminó.
La propuesta de Manrique Hernández fue sometida a votación y aprobada por unanimidad.
Actualmente, y de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, están dos casetas en espera de mantenimiento y una en operación, pero sin poder elevarse.