El análisis de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) determinó que en el gobierno que encabezó la priísta Bárbara Botello Santibáñez se detectaron irregularidades en la ejecución de proyectos y programas que podrían derivar en al menos 26 denuncias penales.
El lunes pasado, el titular de la ASEG, Javier Pérez Salazar, informó que habían concluido las auditorías integrales que se realizaron a los municipios de León y Celaya y estaban por notificar los resultados al Congreso local.
El auditor dijo ese día que se esperaba que se pudieran establecer sanciones a los funcionarios involucrados antes de que concluyera el actual periodo legislativo.
La revisión de la ASEG al trienio 2012-2015 de León dio como resultado 135 observaciones, de las cuales, 57 aún están en proceso de solventación y 78 están sin solventar o parcialmente solventadas, de éstas últimas, 26 podrían derivar en denuncia penal.
Esta auditoría también arrojó 50 observaciones de responsabilidad civil que representan un daño o perjuicio al municipio, el cual asciende a 47 millones 667 mil 347.72 pesos.
También contempla al menos 122 observaciones para iniciar procedimientos administrativos, los cuales deberán ser establecidos por la Contraloría del Municipio de León.
Van 10 denuncias penales
A la fecha, la Administración priísta acumula 10 denuncias penales por distintas irregularidades, entre ellas costos inflados en obras del paradero Poliforum, la Ruta del Peatón y la ampliación del bulevar Timoteo Lozano, cobro de “moches” por parte de funcionarios a constructores, pagos de cursos de verano y para la prevención del delito que no se impartieron.
También se detectaron irregularidades en contratos de Tesorería que beneficiaron a un grupo de personas a través de diversas empresas y desvíos en el Fondo de Ayuda Mutua de la Policía Municipal.
Algunas de estas denuncias ya derivaron en órdenes de detención contra cuatro funcionarios de la administración de Bárbara Botello por fraude y peculado.
Los funcionarios involucrados son el ex tesorero Roberto Pesquera Vargas, el cual se encuentra prófugo, el ex subdirector en Gestión Administración y Enlace Gubernamental, Enrique Dueñas Aguilar; el ex director de Prevención del Delito, Carlos Gustavo Navarro; y Héctor Magaliel Miranda Pérez, ex coordinador administrativo de la Dirección de Prevención del Delito.
