El Ministerio de Industria y de Tecnología Informático emitió una orden el domingo que prohíbe el funcionamiento de Redes Privadas Virtuales (conocidas como VPN por sus siglas en inglés) o líneas rentadas que puedan permitir a particulares o empresas acceder a cibersitios vedados por las autoridades.
A partir de ahora y hasta marzo de 2018, las autoridades inspeccionarán servicios de almacenamiento de información en la nube y de transmisión de contenidos, un sector que según el ministerio muestra un “desarrollo desordenado”.
Las nuevas normas son el intento más reciente del gobierno chino por afianzar su control sobre internet a nivel nacional y por controlar más la información accesible para los 731 millones de cibernautas del país.
El gobierno del presidente Xi Jinping se ha pronunciado a favor del concepto de “soberanía cibernética”, según el cual los gobiernos tienen el derecho de restringir su ciberespacio y protegerlo de elementos foráneos, como si fuera territorio geográfico.
Las medidas se han extendido más allá de los portales de internet.
Hace pocos días la agencia reguladora de internet en China anunció que comenzará a controlar las ventas de las apps en los teléfonos celulares, tras hallar que algunas contenían información considerada por el gobierno como ilegal o dañina para la estabilidad social. El anuncio se produjo poco después de que Apple sacó apps del New York Times de su tienda en China, a pedido del gobierno.
A fin de evadir los controles cibernéticos, diversas compañías en China —tanto nacionales como internacionales— usan VPNs para sus operaciones de negocios y los ciudadanos comunes suelen usar esa tecnología para acceder a cibersitios vedados, como Google, Facebook y medios noticiosos del extranjero.
En respuesta, China suele bloquear el acceso a las VPNs e interrumpir su funcionamiento.
El director de la Alianza para la Seguridad Digital en China, Wu Xiaodong, dijo que las VPNs ya antes habían sido objeto de medidas represivas en China, pero nunca con tanta especificidad.
Bajo las nuevas normas, todos los proveedores de internet, centros de distribución de datos y centros de distribución de contenidos deben tener una licencia oficial para poder funcionar. Además deberán realizar “autoinspecciones” de sus servidores para asegurarse de que no se esté realizando allí actividad ilegal, incluyendo la oferta clandestina de VPNs.