Parte I
La Procuraduría de Justicia ocultó durante 48 horas, la muerte de los tres niños de San Miguel de Allende, de 11, 8 y 4 años de edad.
José Luis Vargas Ramírez, el abogado que inició la defensa de Antonio Luna Hernández, papá y presunto asesino de sus hijos, explicó algunas irregularidades de las investigaciones sin que signifiquen la inocencia de Antonio Luna.
La muerte de los tres menores ocurrió el sábado 14 de enero. Poco después de la media noche, vecinos de Ampliación Cieneguilla de San Miguel de Allende reportaron una balacera en una finca ubicada en la carretera a Dolores Hidalgo.
Luna era velador del predio y en el momento del tiroteo, estaba con su esposa y sus tres hijos en un cuarto anexo a la propiedad.
La versión de la Procuraduría es que Antonio Luna mató a cada uno de sus hijos de un disparo en la cabeza y enseguida intentó asesinar a su esposa.
Unas horas después de su detención, el acusado contó con el abogado José Luis, sin embargo, la Procuraduría de Justicia no le daba información sobre su detención.
Vargas Ramírez narró que el trágico sábado, recibió una llamada de su cliente dueño de la finca donde ocurrió la balacera para informarle que había un problema en su predio y que “su velador” (Antonio) no contestaba el celular.
José Luis acudió al lugar y encontró asegurada con cintilla la finca, al preguntar qué pasaba y cuando liberarían la propiedad, personal del Ministerio Público le impidió el paso. Le aseguraron que no había pasado nada, que solo fue un operativo.
El domingo por la mañana, el dueño insistió al abogado que acudiera nuevamente al domicilio donde al parecer hubo un enfrentamiento a balazos.
Elementos de seguridad que resguardaban la zona le reafirmaron a Vargas Ramírez que no había pasado nada y no sabían cuando dejarían la propiedad.
“Por tercera ocasión me llama mi cliente el domingo por la noche esta vez me dice: “están acusando a Toño de matar a sus hijos”.
A esa hora los cuerpos de los niños ya eran velados por sus familiares. Además, la Procuraduría envió un boletín confirmando la muerte de los tres menores alrededor.
El lunes a primera hora el abogado regresó a la finca y exigió saber que sucedió; “me dijeron que lo revisara en homicidios, fue cuando confirme lo sucedido”.
A partir de ese momento José Luis Vargas Ramírez fue contratado por el dueño de la finca para la defensa de Antonio quien además de ser su velador era su amigo.
Fallas de la justicia
El abogado José Luis Vargas denunció que se cometieron varias inconsistencias de las autoridades como ocultar los hechos durante 48 horas.
Otra falla que las autoridades no atendieron el reporte de los vecinos y Antonio Luna que realizaron varias veces al 911.
Cuando los policías ministeriales entaron a la finca, encontraron a Antonio Luna, su esposa y a sus tres hijos. Los niños estaban muertos y aún así, los papás no fueron detenidos.
“A las pocas horas dejaron en libertad a Juana luego que declarara que su marido fue el responsable de la muerte de sus hijos, mientras que Antonio fue detenido durante 9 horas y puesto a disposición del MP para su retención”.
Ante tal situación el abogado mencionó que el Juez justificó que no se puso en disposición inmediata porque durante las 9 horas que Antonio estuvo detenido agentes del Ministerio Público buscaban a 2 personas que estuvieron en la balacera.
La Ley señala disposición inmediata ante el Ministerio una vez que fue detenido el sospechoso; se cuenta con 48 horas para reunir los elementos que acrediten el delito de lo contrario tienen que dejarlo en libertad o bien entregarlo al Juez que dispone de 72 horas para decidir la situación jurídica.
Solo la defensa puede presentar pruebas y duplicar las 72 horas a 144 con la finalidad de reunir las pruebas que solo se pudieran desahogar en este tiempo.
“Propuse la declaración de 6 elementos para en busca de un excluyente de responsabilidad, excluyente de delito o causa de justificación para que el juez de control determinará su salida, pero solo presente 3 elementos porque la familia cambio de abogado a consecuencia de la intervención de funcionarios”, afirmó.
Otra prueba que ofertó Vargas Ramírez fue verificar el lugar de los hechos con el fin de hablar con los testigos.
“El juez de control, lo que controla es la legalidad, las garantías, los derechos, etc… Y había oportunidad de convencerlo (juez) por las violaciones que hubo en todo el procedimiento”, apuntó.
Sin embargo, durante las 144 horas en que el abogado reunía las pruebas se mantuvo hermético con la familia, pero surgió la intervención de la administración municipal, funcionarios y las declaraciones continuas de Juana Luna ante los medios de comunicación, lo que afectó la estrategia jurídica de José Luis Vargas Ramírez.
Explicó que el nuevo sistema penal es adverso, por lo que todo lo que declare la defensa, testigos, víctimas e involucrados en el delito puede contradecir o atacar a los personajes, por lo cual el abogado pidió a Juana que ya no hablara con nadie y que esperara el momento, pero ante las autoridades.
“Solo declararon tres testigos, en la segunda audiencia por la mañana fui a la casa de Juana para decirle que ya no declarará nada a nadie, ahí encontré a la regidora Lolita Rosales del PAN quien textual le dijo a Juana que en la tarde se reuniría con el Gobernador y que iban a sacar a su esposo, lo cual es imposible e irresponsable decirle esto”.
El abogado comentó que a la audiencia llegó Juana acompañada de la hija de la regidora Lolita Rosales como su asesora jurídica y como no sabía que declararía, optó por desistirse de la audiencia.
Antes que iniciará la tercera audiencia José Luis dijo que se enteró de “hechos trascendentes para Antonio”, los cuales no quiso revelar a AM bajo el argumento de que pudieran afectar el proceso legal de Luna Ramírez, por lo que solicitó un receso más para cambiar de estrategia jurídica.
“Durante el receso familiares platicaron con Antonio, pues desconfiaban de mi porque no les informaba lo que hacía, pero nunca entendieron que ya no quería que siguieran declarando sin argumentos, y que eso entorpecía el proceso, al regresar con Antonio me informan que han decidido cambiar de abogado”.
Familiares de Antonio Luna Hernández, decidieron sustituir a José Luis Vargas Ramírez por Florencio Rafael Heredia Rubio.
Intervienen panistas
El presidente municipal Ricardo Villareal García dijo que el trabajo de cualquier gobierno es apoyar a la gente que lo necesite.
Al preguntarle si fue iniciativa de la administración o petición de la familia, la intervención de las autoridades para nombrar nuevo abogado defensor, dijo que fue un clamor ciudadano, por lo que él tuvo un acercamiento con la familia para buscar conque apoyarlos y lo ha hecho con todo lo que la familia les ha pedido.
“Lo importante es que se aclaren las circunstancias, que salga a la luz lo que realmente pasó y que se haga justicia, se sancione a quien se tenga que sancionar, yo soy muy respetuoso de las instituciones y no intervengo”.
“Ellos (familia) me han pedido que yo sea muy respetuoso en no hacer público exactamente cuáles son los apoyos y no lo vamos hacer porque yo no me quiero colgar de una tragedia, estamos haciendo un acto de humanidad”.
Negó tener conocimiento del pago de honorarios de Florencio Rafael Heredia Rubio, aunque reconoció que platicó con él solo para ponerse a sus órdenes.
“Es un tema que está en los tribunales”.