Para 2018, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL) prevé tener un centro penitenciario acreditado en cada entidad, así como lograr la certificación de los 10 centros en Guanajuato.
Los recursos de la Iniciativa Mérida han ayudado a 58 centros penitenciarios certificados a conseguir la acreditación internacional de la Asociación Americana de Correccionales (ACA), la cual busca mejorar el control y la organización dentro de los centros penitenciarios, mediante 137 estándares de seguridad, orden, salud y reinserción social.
Desde 2009, el Gobierno estadounidense ha brindado más de 30 millones de dólares para mejorar el sistema penitenciario en México.
Los recursos, que provienen de distintos fondos, están enfocados a programas de reinserción social, certificación y capacitación, los cuales se prevé que durarán hasta 2018 y 2019.
Un caso de éxito es el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel Allende, Guanajuato, el quinto mejor calificado en el país por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Desde diciembre de 2016, el Cereso cuenta con la acreditación ACA, la cual obligó a hacer más exigentes los procesos de control de armas, llaves, medicamentos, herramientas y visitas.
Los protocolos contemplan identificaciones especiales, inventarios y bitácoras para llevar registro de todo lo que ocurre en el centro.
Además, establece protocolos para evitar la sobrepoblación y los incidentes violentos.
“Tenemos espacio donde poner a la gente, no hay problema de sobrepoblación. Tenemos varios años que no llegamos al total de capacidad que tenemos”, explicó Gregorio Fonseca, director general del Sistema Penitenciario en Guanajuato.
“Nosotros tenemos un saldo blanco en el centro. La acreditación ha pegado fuerte en la seguridad”, agregó.
Para las 270 personas privadas de la libertad que caben en el Cereso, hay tres médicos, tres enfermeras, dos psicólogas y un dentista que les brindan atención de primer nivel.
La acreditación también obliga a que las celdas cuenten con entradas de ventilación y luz natural, así como con un inventario de pertenencias personales.
Para evitar delitos dentro del centro, como extorsión telefónica y venta de droga, el 100% del personal está certificado mediante controles de confianza.
También realizan diariamente inspecciones aleatorias, a fin de descubrir objetos prohibidos dentro del penal.