Con el número de expediente 32/16, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Región B, en Irapuato, inició una investigación por las acusaciones por parte de una empleada del Taller Municipal al encargado de la dependencia, Fernando Torres, por acoso sexual.
Así lo explicó la Subprocuradora Edna Aguilar Domínguez, quien indicó que al publicarse el caso en medios de comunicación, la responsabilidad de la dependencia es aperturar un expediente, al verse involucrado un servidor público.
“En todos los casos donde con notas periodísticas se advierte alguna posible violación a derechos humanos por parte de un funcionario público estatal o municipal, tenemos la conveniencia de iniciar de oficio, en el transcurso de la investigación verificamos si es de interés de la parte afectada la ratificación, porque hay que ser muy respetuosos de lo que esta considere”, comentó.
La empleada afectada del Taller Municipal, puede ratificar la queja ante la dependencia, contando con un tiempo de hasta un año para poder presentarse a agregar su declaración al expediente.
Deberá presentar informe encargado de Taller
Aguilar Domínguez señaló que al ratificarse la queja, el servidor público, en este caso Fernando Torres Pérez, deberá presentar un informe ante la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
“Cuando uno tiene una queja formal en contra de un servidor público, ya sea estatal o municipal, solicitamos un informe a la autoridad señalada como responsable, la ley les concede 5 días y así es como nosotros iniciamos el trámite, depende de cada expediente se presenta un número de pruebas, tipo de pruebas que alguna de las dos partes, o ambas, desean ofrecer, nosotros las desahogamos y se emite una resolución”, detalló.
La Subprocuradora dijo que se pueden recabar distintas pruebas para poder ratificar las situaciones que se están señalando por parte de los afectados, entre ellas testimonios, confesionales, documentales públicas, documentales privadas, entre otras, que son permitidas por ley, dependiendo del caso que se esté investigando.