El secretario estatal de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, informó que la insulina china se aplicó a nueve mil pacientes del Seguro Popular durante dos meses y medio en el año 2013 y que ésta no tuvo efectos negativos.
Lo anterior durante su comparecencia de ayer ante la Comisión de Salud del Congreso del Estado.
Además no aceptó que de manera oficial la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) haya solicitado el retiro de la insulina Bonglixan, pues sostuvo que el documento en el que se giró la instrucción fue emitido por la doctora Rosa María del Rosario Carmona Nieto, “a título personal”.
Pero defendió la trayectoria de la ex funcionaria, quien en 2013 fue cesada de sus funciones luego de publicarse un correo en el que pedía retirar la insulina por no surtir el efecto deseado en los pacientes.
“A título personal cualquier persona puede expedir un diagnóstico, pero en base a varios parámetros subjetivos hay un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico oficial”.
“Entonces nosotros nos regimos parte proyectos subjetivos y parte indicadores; no hubo afectación en ningún momento del control de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles”, enfatizó.
Ortiz justificó el retiro de la insulina china de las unidades de salud del estado con el argumento de que en su momento se pretendió homologar el tratamiento y los casos de éxito que habían funcionado en la plataforma federal.
“Tratar de mantener el medicamento que antaño había funcionado, sin decir que éste no funcionase, pero que habían mantenido en un control total a los pacientes, y porque se toma la decisión de hacer la homologación”, añadió.
De hecho, sostuvo que en el cuadro básico de medicamentos que realizan expertos del Seguro Popular a nivel federal la insulina Bonglixan está clasificada como recomendable, y que en el sector salud a nivel federal se sigue implementado. En el caso de Guanajuato se decidió su retiro para efectos de homologación.
“En ningún momento incumplimos una normativa, continuamos con el cuadro básico. Se hace un cuadro básico con expertos, que es la cartera de servicios del Seguro Popular donde a su vez van de la mano con el Consejo de Salubridad federal”.
“Expertos verifican el costo-beneficio del cuadro básico y lo que pasa es que hay muchos tipos de insulina que están dentro del cuadro básico, pero el sistema de salud lo usa, el ISSSTE, el IMSS”, agregó.
Diputados del PRI y del PVEM coincidieron en que el funcionario no respondió a los cuestionamientos realizados por integrantes de sus respectivas fracciones de forma satisfactoria.
Discuten por formato
Durante la comparecencia del Secretario de Salud estatal, Ignacio Ortiz Aldana, ante los miembros de la Comisión de Salud del Congreso estatal, diputados del PRI amagaron con salir del salón de usos múltiples y dejar de participar en la reunión.
Esto porque la presidenta de la Comisión, la panista Sagrario Villegas Grimaldo, intentó limitar el número de preguntas al funcionario.
La legisladora se respaldó en que la Junta de Gobierno y Coordinación Política habría definido una metodología en la que se limitaba el tiempo de preguntas y respuestas.
Sin embargo, al leer la metodología el secretario de la Comisión, el diputado de Movimiento Ciudadano, Eduardo Ramírez Granja, no encontró tal precisión en relación a los tiempos.
La discusión surgió porque el priísta, Jorge de la Cruz Nieto, solicitó inscribirse para hacer varias preguntas y la panista le negó la intervención aludiendo a los acuerdos de la metodología.
Antes la diputada también limitó que el secretario de Salud respondiera a cuestionamientos que le hizo la diputada del PVEM, Beatriz Manrique Guevara, quien también se quejó por la postura que tomó la presidenta de la Comisión.
Estos desacuerdos desencadenaron que varios diputados amagaran con dejar la reunión, pero Ramírez Granja logró persuadirlos y al final todos pudieron preguntar lo que quisieron.
Pagan distribuidoras de medicamentos multa en abonos
A las empresas Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., les cobraron en abonos los cinco millones 578 mil pesos derivados del diferencial en precio de la insulina que cambiaron por otra hace dos años, sin notificar a la administración pública.
Para el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Ignacio Martín Solis, ambas empresas no incumplieron y así lo reiteró durante la comparecencia que sostuvo con integrantes de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local.
“No entregaron ni un cheque porque las empresas no incumplían, yo le contrato a usted un teléfono, un Ipad cinco y usted me surte un Ipad cinco y alguien le dice oiga ya salió el Ipad seis y está bien barata entonces ¿yo que hago?, te reclamo porque no me rentas un seis, pues si a mí me contrastaste un cinco”.
“A las empresas le dijimos oye no seas gacho ya salió el seis, pues véndeme el seis que es más barato que el cinco y la empresa dijo orale… Se sugirió un tipo de insulina y ellos estaban surtiendo ese tipo, entonces nos acercamos con ellos y le dijimos oye hay un tipo de insulina que salió porque ya perdiste la patente y es más barata”.
“Vamos a hacer una negociación, me llevas surtido hasta la fecha tanto y la diferencia en precio de la insulina que me surtes a la que ya encontramos es tanta”, dijo a manera de ejemplo.
El funcionario reconoció que las empresas no devolvieron el dinero que determinó la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas como resultado de la auditoría al proceso.
“No devolvieron, me dieron una nota de crédito que yo apliqué… te doy el dinero o una nota de crédito para que te lo rebajes, entonces dijimos a mí no me des dinero, a mí rebajamelo de tus cuentas”, indicó.
La investigación reveló que las empresas surtieron el medicamento cuyo principio activo era “insulina glargina” y lo sustituyeron por uno de diferente en marca y laboratorio, lo que provocó un diferencial en costos.