El Ministro José Ramón Cossío hizo suya la solicitud de la la asociación civil Mexicanos Primero para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga y resuelva en definitiva si los acuerdos firmados por la Secretaría de Gobernación con la CNTE de 2013 a 2015 deben ser anulados.
Durante la sesión privada de la Primera Sala de la Corte que tuvo lugar el miércoles, el Ministro José Ramón Cossío asumió como propia la petición de la organización que impulsa la calidad educativa.
Mexicanos Primero solicitó en octubre la intervención extraordinaria de la Corte para hacerse cargo de la revisión del amparo que le fue concedido el 21 de abril por el juez federal Martín Santos Pérez.
En el fallo que declara inconstitucionales los convenios con la sección 22 de la CNTE, el juez afirmó que los acuerdos han creado un “régimen de excepción” para el magisterio de Oaxaca, ajeno a las directrices de la reforma educativa.
La Segob impugnó el amparo, que actualmente está en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
En las próximas semanas, Cossío tendrá que presentar un proyecto de sentencia a la Primera Sala, donde los cinco Ministros deberán resolver si procede la atracción.
El último caso relevante en el que Cossío planteó la atracción, relacionado con la prisión domiciliaria de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, fue rechazado en la Sala por tres votos contra dos.
Si la Corte no atrae el caso, la sentencia final la dictará el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado.
Al conceder el amparo, el juez Santos declaró inválidos seis compromisos con la sección 22, asumidos por el entonces subsecretario de Segob, hoy titular de Sedesol, Luis Enrique Miranda, dicha invalidez sólo se concretará si la sentencia es confirmada.
Los compromisos fueron: otorgamiento de plazas docentes en calidad de patrimonio del Sindicato, derecho a no ser removido en razón de un mal resultado en la evaluación, conservación de derechos adquiridos en la Carrera Magisterial, incentivos y promociones por buen desempeño.
En su recurso contra la sentencia de Santos, la Segob afirma que los acuerdos con la Sección 22 fueron legales, pues se ajustan a la reforma educativa, según la cual los maestros con plaza permanente antes de 2013 no serán despedidos si reprueban las evaluaciones.
La dependencia sostuvo que la reforma se está implementando en Oaxaca y ofreció argumentos por los que considera que el amparo es improcedente, entre ellos, que no es posible impugnar 23 años después el convenio entre CNTE y Gobierno estatal por el que originalmente se otorgaron plazas al sindicato.