El Gobierno de Zacatecas cobra impuestos a los ciudadanos por el hecho de pagar impuestos.
La administración del priísta Alejandro Tello duplicó un impuesto que grava en la entidad “el monto que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales”.
Hasta 2016, ese tributo, utilizado para financiar a la Universidad Autónoma de Zacatecas, aplicaba una tasa de 5% a los impuestos y derechos estatales, pero ahora aplica el 10%.
Esto se suma a los cuatro impuestos “ecológicos creados por la administración de Tello, que han provocado una rebelión de la industria en la entidad y una controversia del Ejecutivo federal.
Con el aumento de ese gravamen, una licencia para venta de cerveza que cuesta dos mil 910 pesos, por ejemplo, se elevó ahora a tres mil 201 pesos.
“El cambio en la política fiscal del estado está vinculado con el poco aprovechamiento que existe con relación a las potestades tributarias.
“Lo que se traduce en menores ingresos propios, ya que estos representan un 3% de los ingresos totales presupuestados”, expone la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017.
El paquete económico contempla implementar tres polémicas contribuciones ecológicas, ya impugnadas por el Ejecutivo, con las que se pretende obtener mil 230 millones de pesos.
Por el tributo llamado Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales, el Gobierno zacatecano pretende recaudar 400 millones de pesos.
El Poder Judicial de la Federación ya se ha pronunciado anteriormente contra estos “impuestos sobre impuestos”.
Querétaro inventó en 2012 un cobro de 25% sobre el pago de impuestos y derechos, con el pretexto de financiar la educación pública y la construcción de caminos.
Un tribunal colegiado de circuito declaró ese cobro inconstitucional, porque no grava los ingresos ni refleja la verdadera capacidad contributiva de las personas.