A cuatro meses de que se cumpla el plazo de un año para que tengan listas sus normas anticorrupción, solo dos estados del país han reformado su Constitución y promulgado su ley en la materia, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.
Chiapas y Nayarit son hasta el momento las únicas entidades que de manera satisfactoria han hecho una reforma constitucional y emitieron una norma anticorrupción.
De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción, creado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y la Coparmex para monitorear los Sistema Locales Anticorrupción, 13 estados han realizado modificaciones constitucionales y otros 10 cuentan con iniciativas.
En tanto, señalaron, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas ni siquiera han modificado su Carta Magna, que es el primer paso en el proceso de creación del Sistema Local Anticorrupción (SLA).
Max Kaiser, director anticorrupción del IMCO, señaló que, con base en el monitoreo, han encontrado algunos casos preocupantes en la adopción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como el de Morelos y Jalisco.
“Morelos es el estado con el riesgo de inconstitucionalidad más alto de todos. El Comité de Participación Ciudadana lo elige el Congreso del estado, contrario al objetivo de la reforma anticorrupción federal y al modelo de elección impuesto por el SNA, (en el que una Comisión Ciudadana los elige)”, señaló en la presentación del Semáforo Anticorrupción.
En Jalisco, explicó, se hizo una reforma incompleta, al no crear un nuevo régimen de responsabilidades administrativas ni reformar su Tribunal de Justicia Administrativa.
Kaiser recordó que la reforma constitucional por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción estableció un plazo de un año, que se cumple el 18 de julio próximo, para que los estados cuenten con una estructura y facultades equivalentes.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que si bien los estados están aún a tiempo para realizar sus reformas legislativas, es necesario que aceleren sus procesos para que no incurran en un incumplimiento.
“Lo primero que hay que recordar es que es un mandato de ley, que se tienen que crear antes de julio de este año los 32 sistemas estatales, que se tienen que ajustar las constituciones estatales y crear leyes especiales para este propósito y que si se alejan de lo dispuesto por el texto constitucional enfrentan la posibilidad de acciones de inconstitucionalidad por parte de autoridades diversas”, advirtió.